¿Qué... nos van a pagar?” Lleva tres años y medio escuchando esa pregunta prácticamente a diario. Ni ella, Encarni Barrios, presidenta del comité, ni el resto de la plantilla aguanta más. “Es desesperante”, repiten en los corrillos. Ayer volvieron a hacer más ruido aunque reconocen que pocas fuerzas van quedándoles porque a la mayoría les falta en casa para cubrir las necesidades más básicas. Sin embargo, un grupo de trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, que presta la empresa concesionaria Acasa, continuó ayer en la lucha para reclamar lo que se les adeuda por el trabajo realizado. Tras quemar el pasado lunes un féretro ante el Consistorio que simbolizaba el pase a mejor vida de la empresa y el servicio en la ciudad, optaron esta vez como medida de presión por encerrarse “hasta que el cuerpo aguante” en la sala de prensa del Ayuntamiento. Anoche seguían allí ‘encerradas’ e incluso tuvieron que improvisar un ‘aseo’ en el interior de la dependencia  porque la Policía les advirtió que si salían, no volverían a entrar. La alcaldesa, María José García-Pelayo, regresó por la tarde del Senado y mantuvo una larga e infructuosa conversación con la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, quien no le garantizó cuándo tendrá hecha la transferencia que debe ingresar el Gobierno andaluz en concepto de pago por la prestación de la ley de dependencia.

“Nos deben ya dos meses y medio de sueldo y la ‘extra’; con los 597.000 euros que lleguen de la Junta como mucho tendremos para nómina y media, estaremos en las mismas, así que de aquí no nos moveremos hasta que no haya solución”, sostuvo la representante de la plantilla ante los medios, que entraron como pudieron en unas dependencias cercadas por agentes del 092 por la mañana y por una veintena de efectivos de la Policía Nacional y Local en la tarde-noche. Junto a los tres secretarios locales de los sindicatos con representación en el comité, José Manuel Trillo (CCOO), Pedro Alemán (UGT) y José García (CGT), otra compañera, Esther Hidalgo, reclamó al gobierno local del PP que “no haga más promesas porque éstas se las lleva el viento y a nuestros hijos no podemos darles de comer del aire”. “La señora María José (García-Pelayo) está en la Alcaldía porque así lo ha querido, pero nosotras estamos aquí obligadas; lo que queremos es trabajar y cobrar”, agregó, dejando claro que no piensan interrumpir el servicio que prestan esencialmente a mayores y discapacitados. “Ellos no tienen la culpa de esta situación y es penoso que haya compañeras que no tengan para comer y echen gasolina al coche o a la moto para seguir yendo a trabajar”, abundaron ante la atenta mirada de los dirigentes sindicales, unidos ante uno de los conflictos más sonrojantes que recuerda Jerez.

Casi al unísono, Trillo, Alemán y García reclamaron el rescate y la gestión directa del servicio por parte del Ayuntamiento, “pues han demostrado que no tienen estudio alguno que diga que no es viable y es que, además, no supondría gasto alguno para las arcas municipales, pues de entrada se ahorrarían el 20% de beneficio industrial”. “El personal sería responsable y estaría dispuesto a mantener sus salarios actuales mientras dure la crisis”, explicó Trillo. De momento, la vía del rescate, que sólo depende de la voluntad política, permanece clausurada, pese a que “en campaña el PP se comprometió a municipalizar el servicio”, recuerda el líder de UGT.

Con la calle Letrados cortada desde el mediodía por la Policía, teóricamente, para que no llegara comida y bebida por las ventanas de la sala de prensa que dan a esa vía y con las salidas restringidas, siguieron los llamamientos a la búsqueda de una solución urgente. “Mi casa no me la quita el banco mientras esté trabajando; si estuviera parado todavía, pero es que trabajo y no cobro; o lo arreglan o voy a Puerto II”, lamentaba Javier Pérez, empleado de Acasa, a la cámara de Cuatro, que registraba ‘in situ’ los problemas del colectivo para una nueva entrega del programa Callejeros. “Hay compañeras que no tienen para darle de comer a sus hijos, que sobreviven gracias a Cáritas y otro caso de una trabajadora a la que ayuda su suegra, con una pensión de 320 euros, a darle de comer a sus hijos porque no entra un euro en casa”, comentaban a los periodistas, con la emoción y los nervios a flor de piel al resignarse a asumir que tendrán que pasar una nueva Navidad en los más absolutos números rojos.

Las llamadas a la calma constantes del portavoz del gobierno municipal, Antonio Saldaña, no apaciguaron los ánimos. Contactó con la presidenta del comité para asegurarle que seguían haciendo todo tipo de esfuerzos para zanjar esta gravísima situación, e incluso narraron que “nos ha pedido que nos unamos a ellos para hacer campaña contra la Junta porque no dan el dinero que nos tienen que dar... Otra vez nos quieren comprar como en las municipales”. También valoró la situación la responsable de Bienestar Social, Isabel Paredes, para volver a atizar a la Junta por no ingresar la transferencia. “Lamentamos la situación que está provocando esta actitud de irresponsabilidad política y de falta de compromiso social del Gobierno andaluz”, señaló en una nota de prensa. Y detalló: “Si bien la resolución del pago llegó el pasado 2 de diciembre, el dinero  no se ha transferido; una situación de atraso que se repite ya que el dinero que debía haber llegado el 1 de julio se ingresó el 2 de agosto y el que debió llegar el 1 de septiembre se transfirió el 19 de octubre”.

“Dice que llaman tres o cuatro veces al día a la Junta y que comprenden nuestra desesperación, pero que el dinero no les llega... Que a ver si les autorizan el crédito de 10 millones...”, reprodujo Encarni Barrios a sus compañeras tras hablar otra vez, ya entrada la noche, con Saldaña. El gobierno local tratará hoy mismo de buscar dinero por anticipado con los bancos, aunque todo está en el aire. Y mientras, la empresa concesionaria, la máxima responsable al fin y al cabo de estar al día en el pago de sus trabajadores, ni se pronuncia. “Si la empresa no puede llevar el servicio que anuncie que se marcha. Que diga algo y que se vaya”, exclamó Trillo. “Nadie puede entender por lo que estamos pasando. Nadie”, apostilló la presidenta del comité de Acasa a las decenas de compañeras que aguardaban en el exterior. Al cierre de esta edición, representantes del comité de Acasa y líderes sindicales de Jerez seguían ‘encerrados’ en el Ayuntamiento.