Pedro Alberto Fernández, jerezano afectado por la talidomida, ha iniciado una "lucha" por el uso "desmesurado" de las tarjetas de aparcamiento para minusválidos y denuncia su caso. "¿Por qué una persona que no tiene nada de discapacidad -pero accede al servicio por un familiar- tiene la tarjeta y yo que tengo un 86% de discapacidad y un negocio en el centro me la rechazan? Mi movilidad es reducida porque me tengo que parar, dejar el maletín de trabajo en el suelo unos segundos y seguir mi marcha hasta La Unión, que es donde dejo el coche. Me siento desamparado", declara Fernández.

"No me quejo por gusto. Pido que se investiguen y que estudien cada caso antes de rechazarlo y aprobarlo", añade el empresario. Fernández denuncia además que "cuando quiero apostar por el transporte público me doy cuenta de que los horarios no cuadran para ir a trabajar. Para mí el transporte público no es útil, para que el vaya al centro a comer churros sí". La tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida es un documento que dispensa la Junta y para él se debe tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y, además, alguna circunstancias como dependencia absoluta de dos bastones para deambular.