El gobierno municipal logró sacar adelante el plan de viabilidad que pretende aplicar durante los dos próximos años en el Circuito de Velocidad. Con él se pretende evitar que la sociedad caiga en la suspensión de pagos tras haber cerrado 2020 con más de 1,3 millones de euros de pérdidas y pueda afrontar las obligaciones que tiene del convenio de acreedores que le permitió salir de la quiebra en 2014. La propuesta contable, que recoge una serie de medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos contó con el apoyo de los cinco consejeros del PSOE, los tres independientes y el representante de Izquierda Unida. Mientras tanto, los miembros de PP, Ciudadanos y Ganemos Jerez se abstuvieron.

Tal y como reconoce en el propio documento, este plan se ha elaborado no solo por las pérdidas registradas el pasado año sino también por los problemas de liquidez que arrastra la sociedad (tiene capital circulante negativo), agudizados por la pandemia. Además, se pretende que la sociedad pueda tener capacidad para poder afrontar el pago de la deuda que tiene pendiente y, de este modo, tratar de alcanzar el equilibrio financiero

Pero para que el plan de viabilidad pudiera salir adelante, el consejo de administración tuvo que resolver previamente un problema formal que ha provocado que las decisiones adoptadas por este órgano desde el pasado verano no tengan validez. Tal y como informó este medio el pasado miércoles, un error en la convocatoria de la junta general que se celebró en julio, que sirvió para que tomaran posesión los nuevos consejeros (Cornelio Vela, Félix Moreno, Antonio Rosado y Kika González), ha provocado que todos los acuerdos que se adoptaron desde entonces sean nulos.

El motivo fue que hubo un error, calificado de “humano” por el ejecutivo en el consejo, que provocó que la convocatoria no cumpliera los requisitos que exige la Ley de Sociedades tanto en el tiempo de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) como en un periódico de tirada provincial. Ante esto, en la reunión del consejo de administración los cuatro consejeros tuvieron que volver a tomar posesión. Asimismo, la edil de Economía, Laura Álvarez, tuvo que volver a aceptar el cargo de vicepresidenta de la sociedad, un nombramiento que también había quedado anulado por ese error formal en la junta de accionistas celebrada en verano.

Asimismo, el órgano de gobierno del circuito tuvo que volver a aprobar las cuentas de 2019, a las que ya se dio el visto bueno en noviembre. En ellas, se recoge que el trazado de velocidad cerró ese año con un positivo de 204.000 euros. Las cuentas contaron con la abstención de los representantes de PP, Ciudadanos y Ganemos.

Una vez cumplidos estos trámites, el consejo debatió sobre el nuevo plan de viabilidad, aunque no había dudas de que la propuesta iba a salir adelante teniendo en cuenta la nueva correlación de fuerzas que hay en este órgano. A mediados del pasado año, el ejecutivo decidió quitarle dos consejeros al PP y uno a Ciudadanos para nombrar consejeros independientes alegando que estas dos formaciones estaban bloqueando la gestión del trazado.

Según las fuentes consultadas, el ejecutivo defendió el documento incidiendo en que las pérdidas con las que cerró Cirjesa el pasado año se deben únicamente a la incidencia de la pandemia en la actividad del trazado, que solo tuvo ocupación durante 123 días (66 menos que en 2019).

El plan de viabilidad contempla en el apartado de ingresos, un incremento de los precios del alquiler de la pista y la habilitación de nuevos espacios vips para que puedan ser comercializados una vez se permita la vuelta de público a las competiciones deportivas. También se habla de la necesidad de reforzar la búsqueda de nuevos patrocinadores para las pruebas. Mientras, en el apartado de gastos, la sociedad pública se marca el objetivo de reducir los cánones de algunas pruebas. Para ello, apunta que tratará de negociar a la baja la renovación del acuerdo para el mantenimiento del Gran Premio de España de Motociclismo,

Asimismo, ya ha solicitado una moratoria al Ayuntamiento para aplazar el pago de impuestos municipales, una medida que le permitirá contar con la totalidad de los 1,5 millones que recibe anualmente de las arcas municipales.

Durante el encuentro, tanto la representante del PP como la de Ganemos cuestionaron las previsiones de ingresos señalando que no están justificadas.