Ayer rompió su silencio. Francisco González Cabaña, que fuera presidente de la Diputación Provincial de Cádiz durante los años en los que se gestó el fraude de Bahía Competitiva, es ahora diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Cádiz y, por tanto, se encuentra protegido por la figura del aforamiento. Sin embargo, ayer admitió en declaraciones a este periódico que "estoy harto del juicio mediático y de no poder defenderme".

Por eso, González Cabaña manifestó su deseo de que la juez que instruye el caso Bahía Competitiva, Lourdes del Río, le permita testificar. "Quiero defenderme, que la magistrada, que está haciendo una instrucción muy sensata, me permita decir la verdad de todo este asunto, y por supuesto que renunciaré a mi aforamiento", aseguró.

Y también aseguró que "me duele que se dé más peso a una declaración que a otra", en referencia a lo dicho el pasado jueves ante la juez por el técnico de la Diputación, Teodoro Clavijo, que lo acusó de "presionar" para modificar las baremaciones, y al exgerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), Teodoro Garrido, que negó tal acusación.

Por eso, González Cabaña advirtió ayer: "Lo primero que haré cuando acabe la instrucción será presentar una querella contra Clavijo y ya veré si contra alguien más". En lo que sí insistió el diputado socialista fue en que "en ningún momento he intervenido para nada en favorecer a ninguna empresa".

El socialista gaditano, que reiteró su "máximo respeto" a la instrucción judicial del caso Bahía Competitiva, sí dijo, ya en clave política, que "repudia" la instrucción "política" que, en su opinión, está llevando a cabo el PP de forma paralela. González Cabaña rechazó la actitud del PP, que entiende que se ha personado en la causa "con el único objetivo de intoxicar".

Por otro lado, ratificó lo que ya dijera públicamente el pasado mes de octubre en relación a la instrucción judicial que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, la cual "respeta" y calificó de "sensata" porque está "intentando determinar responsabilidades reales" que, a su juicio, concluirán "enjuiciando exclusivamente a los que han defraudado el dinero público".

Hay que recordar que el pasado jueves prestaba declaración ante la juez del caso quien fuera técnico de la Diputación de Cádiz y miembro de la comisión de evaluación de las ayudas del Plan Bahía Competitiva, Teodoro Clavijo, quien, según fuentes del caso, dijo haber "modificado la baremación de Alestis" para que accediera a subvenciones.

Argumentó haberlo hecho "por presiones", señalando que el exgerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz Teodoro Garrido le indicó que debía hacerlo "por orden del presidente de la Diputación", que en aquel momento era González Cabaña.

Por su parte, Garrido, que también declaró este jueves en relación al caso, manifestó su oposición a las modificaciones de las valoraciones y destacó que "González Cabaña dijo telefónicamente a María José Valencia -era vicepresidenta del IEDT durante el último mandato socialista- que se hiciera lo que dijeran los técnicos".