La Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado la petición de libertad cursada por uno de los detenidos tras el asesinato de David Pérez y Miguel Ángel Gómez, los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate el pasado febrero. El investigado, José Antonio G., uno de los mecánicos que acudió a la localidad desde La Línea para reparar una avería de la lancha, se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza en relación con estos hechos desde el día 12 de febrero, y, de momento, así continuará.

En una reciente resolución, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por este imputado contra el auto de prisión provisional dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, encargado de la investigación del caso.

Para ello, la Audiencia Provincial de Cádiz ha argumentado que, aunque la Guardia Civil ha confirmado que el recurrente no viajaba a bordo de la embarcación que embistió a la patrullera del Instituto Armado aquella noche, actualmente está siendo investigado por un delito de contrabando en el que concurre el subtipo agravado de pertenencia a organización criminal, un delito que conlleva penas que oscilan entre los tres y los siete años y medio de prisión. 

Asimismo, y en contra del criterio de la defensa, la Audiencia de Cádiz considera que José Antonio G. carece de arraigo, por cuanto existen indicios razonables que apuntan a que trabaja para organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Por lo tanto, aduce, existe el riesgo de que huya en una de las narcolanchas que las mafias del hachís poseen como parte fundamental de su logística para transportar la droga y que, a su vez, fondean en aguas internacionales para evitar su incautación, un cometido desempeñado por personal que 'vive' las 24 horas a bordo de la goma.

En este punto, la Audiencia de Cádiz recuerda que varios de los investigados confesaron durante su declaración en el Juzgado de Barbate tras su detención que formaban parte de una banda. Así pues, algunos de ellos admitieron que el día que sucedieron los hechos acudieron a Sanlúcar, en concreto, a la zona del río Guadalquivir, para sustituir a la tripulación de una narcolancha que se encontraba allí escondida (y que acabó refugiada del temporal en el puerto de Barbate). Del mismo modo, otros reconocieron que recibieron la llamada de su jefe para que se desplazaran desde La Línea a Barbate para reparar una avería de esa misma embarcación. 

En base a estos argumentos, el tribunal gaditano ha decidido mantener en prisión a José Antonio G. La Audiencia de Cádiz tiene que responder aún a los recursos presentados por otros investigados en el caso Barbate. Todo apunta a que se pronunciará en idénticos términos, de manera que los seis encarcelados tras las muertes de los agentes continuarán, al menos por ahora, privados de libertad. 

El pasado jueves, la jueza instructora de Barbate también rechazó las peticiones de libertad planteadas por las defensas de Mustafa C. y David G.N. Sendas denegaciones se sumaron a la ya conocida de Kiko 'El Cabra', cuya petición de puesta en libertad fue desestimada la semana anterior por la magistrada.