Al otro lado del teléfono suena una voz con muchas 'eses' de una señora que se presenta como señora-señora. "Quisiera que me proporcionaran una chica. Vamos a pasar unos días en El Puerto y necesito a alguien para el cuerpo de casa, alguna de estas calladitas de fuera. Ecuatoriana, por ejemplo". "Ya, ya. Podríamos buscar algo -contesta el mediador- ¿Para cuánto tiempo?" "Quince días". "¿Y cuáles serían las tareas a realizar y el horario?" "Bueno, horario, horario... Pues quince días le he dicho". "Pero habrá un número de horas". "Horas todas. Tiene que cuidar a cuatro niños y limpiar el chalé. No tiene que cocinar. La cocinera ya la llevamos de Madrid. Nosotros le damos de comer". "Bueno, esto habría que delimitarlo en el contrato..." "¿Contrato? ¿Ustedes no proporcionan criadas?" "Empleadas del hogar". "Lo que sea. A ver, yo tengo un presupuesto de 100 euros". "¿Al día?". "¿Al día? Qué locura. No, por los quince días. Ya le he dicho que a la criaturita le daríamos de comer". "Señora, usted no quiere una empleada, usted quiere una esclava".

Esta conversación es real. Aún Rodrigo Gómez, responsable de la ONG Accem, dedicada a resolver trámites de inmigrantes y ponerles en contacto con el mercado laboral, se escandaliza al recordar a esa señora-señora de veraneo en El Puerto y quiere pensar que no encontró a nadie para hacerlo todo durante todo el tiempo.

Desde el pasado 1 de enero está en vigor una nueva norma diseñada por el anterior gobierno y asumida por éste en el que hay que regularizar a todo el servicio doméstico. Y todo es todo. Desde la primera hora. Con ello se quiere acabar con uno de los grandes pozos de la economía sumergida de nuestro país y dignificar un trabajo que, como para las señoras-señoras, se asiste de la etiqueta que rodea al casposo término de 'chacha'. Esta regulación quiere acabar con la 'chacha'. No es tan fácil.

La normativa tiene numerosas lagunas, dificultades de control y, además, Diego Boza, de Derechos Humanos, asegura que muchas trabajadoras encuentran problemas para su regulación porque no consiguen que el empleador las reconozca: "Ahora no vale con cotizar, tienen que decir de quiénes cobran y si el empleador no quiere figurar no hay nada que hacer".

Rodrigo Gómez, de ACCEM, advierte, además, que "la demanda ha caído. Las familias acuden a su entorno para realizar el trabajo del hogar. Casi todo el mundo tiene un familiar, una vecina o una amiga en el paro y echan un cable pagándole unas horas. Por otro lado, se produce un efecto inverso. Gran parte de la demanda existente es de personal interno, pero las mujeres inmigrantes con las que contamos se han asentado, tienen familia y no pueden abandonar a sus hijos de lunes a viernes".

El momento en que ha llegado este impulso a la regularización no es propicio. Los datos lo avalan. En la provincia, según los datos de la Seguridad Social, hay una diferencia de afiliaciones entre el pasado diciembre y mayo de 327 personas, muy por debajo de las previsiones, aunque se espera que la proximidad de la fecha límite, el 30 de junio, mejore estos datos. La fotografía del servicio doméstico tiene una cifra: 3.157 personas que ya están integradas dentro del Régimen General, frente a las 2.830 que se encontraban en 2011 dentro de lo que se conocía como Régimen Especial de Empleadas del Hogar. El peso de esta actividad en la economía provincial ha pasado de un ficticio 0,8% a otro, igual de ficticio, de 0,9%. Y es ficticio porque el peso es mayor, pero imposible de conocer, no siempre por culpa del empleador, ya que "hay casos en los que es la propia empleada la que no quiere que su trabajo aflore porque puede suponer perder otras pagas", apunta Gómez.

Para Miguel Ángel Romero, gerente de Interempleo, franquicia gaditana de una marca que proporciona empleadas del hogar en toda España, la dejadez a la hora de regularizar es inexplicable, "no ya por los derechos que asisten a estas trabajadoras, que es lo principal, sino por el propio empleador. Cualquier accidente en el hogar de la trabajadora puede costar un disgusto. Las multas no bajan de los 3.000 euros. En nuestra empresa la hora se paga a 10,50. No es mucho dinero más y ahorra problemas".

Romero relata el caso de una mujer que, al llegar a su casa, "se encontró con que la chica que le limpiaba la casa se la había limpiado de verdad, no en el sentido doméstico. La casa estaba limpia de joyas y dinero. La Policía podría actuar, pero tendría que hacerlo en dos sentidos. Primero, buscando a la autora de los hechos; segundo, denunciando a la denunciante ante Trabajo por tener a una empleada 'en negro'. En la mayor parte de los casos, sobre todo si se trata de pequeños hurtos, el empleador prefiere aguantarse antes que enfrentarse a Trabajo".

Es imposible conocer cuántas personas se dedican al servicio doméstico. El Instituto Nacional de Estadística realizó un trabajo en 2009 que no ha actualizado. Esos datos, posiblemente desfasados por la crisis, son interesantes. El INE detectó que un 14% de los hogares contaban con algún tipo de ayuda externa para las labores domésticas, el 29% de las mujeres que se dedicaban a ello eran sudamericanas, un 5,4% de ellas estaban obligadas a llevar uniforme y sólo el 3% dormía en su 'centro de trabajo'. El 35% duraba en el mismo hogar entre uno y tres años.

Posiblemente, estos datos hoy no reflejen del todo la realidad actual. El perfil de la empleada del hogar se está transformando, como muestra el banco de datos de Interempleo, donde "tenemos licenciadas que han acabado su carrera y no encuentran empleo, por lo que prueban en este sector". En cualquier caso, un alto índice sigue recayendo en inmigrantes. Cáritas organizó el pasado año el primer taller para empleadas domésticas. Pilar Ibáñez, su coordinadora, explicaba que "queríamos que supieran llevar las tareas domésticas como se hace en España, pero también sus derechos". Hay que estar preparadas contra las señoras que viven en los tiempos de la 'chacha'.