El equipo de gobierno tiene en estos momentos muchos quebraderos de cabeza pero uno de ellos, sin duda, es el futuro de la empresa municipal Impulsa El Puerto, el buque insignia de las sociedades municipales que ha pasado de manejar sustanciosas cantidades en sus presupuestos a estar al borde de la insolvencia.

La negativa situación económica de Impulsa no es algo nuevo, y de hecho era una de las situaciones que llevó al actual gobierno municipal a plantear la unificación de tres de las cuatro empresas municipales (Impulsa, Suvipuerto y El Puerto Global). Sin embargo la precaria situación tanto de Impulsa como de Suvipuerto, que lejos de mejorar se va agravando, podría dar al traste finalmente con estos planes de unificación, a la espera de ver en qué queda finalmente la viabilidad de estas sociedades creadas durante el gobierno del independiente Hernán Díaz.

El alcalde, David de la Encina, no oculta su preocupación por la situación de Impulsa y ha encargado a la gerencia de la empresa un informe sobre la evolución de la situación económica de la empresa durante los últimos ocho años. Ya en el consejo de administración celebrado por Impulsa en mayo del pasado año se preveía que el 2016 podía terminar con un déficit de tesorería en la empresa cercano al millón de euros. Esta complicada situación económica y financiera obliga a la adopción de medidas urgentes para garantizar la viabilidad de la empresa. En aquel consejo el gerente de la empresa consideraba necesario, por un lado, que el Ayuntamiento se pusiera al día con la empresa en los pagos que aún tiene pendientes (liquidación de la Zona Naranja y pago de la obra del puente de Las Salinas, principalmente), al tiempo que se proponía la búsqueda de nuevas actividades y fuentes de ingresos para la empresa (algo que el PP pretendió en su día con los aparcamientos y la Zona Naranja pero que no entra en los planes del actual ejecutivo).

Pero esta dramática situación de Impulsa no se ha creado de la noche a la mañana. En el año 2007, cuando llegaron a la Alcaldía el Partido Popular y el Partido Andalucista, Impulsa tenía unos saneados activos financieros y pasivos que ascendían a 22,6 millones de euros. Cuatro años después, de nuevo con Moresco como alcalde y Ruiz Aguilar como socio de gobierno, estos activos disminuyeron hasta 5,8 millones de euros, un drástico descenso que se produjo, entre otras cosas, por una serie de gastos e inversiones que vistos a día de hoy, no han aportado nada a la empresa, más bien al contrario. Así, en 2009 se destinaron casi 3,5 millones a la compra de un casco bodeguero, el de Campbells, en la calle Valdés, en teoría destinado a ejecutar un proyecto comercial pero que se quedó en nada y hoy la bodega sigue en desuso. Otros 3,4 millones fueron a parar a la adquisición del estadio José del Cuvillo, en una operación ruinosa de ingeniería financiera en la que se entrelazó la demolición de los bloques de la antigua Pescadería, todo ello en teoría para las obras del nuevo puente sobre el Guadalete que nunca se llegó a ejecutar.

Y es que Impulsa llegó a convertirse durante el mandato del PP en una especie de hucha de la que extraía el dinero que hacía falta para todos aquellos gastos difíciles de justificar con cargo al presupuesto municipal. Gastos de la Fundación Rafael Alberti, presencias en Fitur, alumbrados navideños, pagos a la empresa que ejecutaba el PGOU e incluso la organización de unas jornadas de Derecho se cargaban a Impulsa, que en el periodo 2008-2015 llegó a soportar gastos municipales por importe de más de cinco millones de euros.

A partir de ahí, la situación no ha hecho más que empeorar y a finales de 2015 estos activos de la empresa se situaban ya en apenas 485.000 euros. Hay que tener en cuenta que solamente en personal, el gasto anual de Impulsa asciende a más de 670.000 euros. Para este año 2017 la proyección de cara al presupuesto de la empresa es que las cuentas arrojen un pírrico saldo de 56.000 euros, con una deuda viva a largo plazo que se situará en tres millones de euros.

Así las cosas, los planes para la fusión de las empresas se presentan complicados, teniendo en cuenta que primero habrá que abordar medidas para tratar de salvar los muebles tanto en Impulsa como en Suvipuerto, cuya situación es también crítica. La empresa de Vivienda podría incluso llegar a la liquidación si no se adoptan medidas urgentes, teniendo en cuenta que tiene pendiente además el pago de unos 700.000 euros en cumplimiento de sentencias judiciales a propietarios que denunciaron vicios ocultos en sus viviendas.