Provincia de Cádiz

El plan del litoral de la Junta declara no urbanizables más de 700 hectáreas

  • La mayor parte del suelo costero blindado frente al ladrillo se concentra en Tarifa (357,53) y en San Roque (200). En el término municipal de Conil se prohíbe construir en más de 145.

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 26 de mayo supone el blindaje frente a la construcción de una superficie de más de 700 hectáreas del litoral de la provincia, 579,62 de ellas en el Campo de Gibraltar, pertenecientes a los términos municipales de Tarifa (357,53 hectáreas) y San Roque (200). Ambos ayuntamientos quedan ahora obligados a declarar estos suelos como no urbanizables de especial protección en sus respectivos planeamientos, lo que supone un veto absoluto a su desarrollo urbanístico. Entre estos terrenos se encuentra el ya consabido sector de Valdevaqueros, en Tarifa, aunque ni mucho menos es el único afectado por la medida.

Así se desprende de la memoria de ordenación del Plan, publicada de forma preliminar en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y pendiente sólo de ser insertada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su entrada en vigor.

A las hectáreas anteriores hay que sumar otras más de 145 en el término municipal de Conil, concretamente en dos parcelas municipales situadas en el Pinar de Roche y en el entorno del río, el estuario y el acantilado del mismo nombre y unas decenas en Los Caños de Meca, en Barbate. Las primeras pertenecen a los sectores denominados SLN-1 Rosam Puerto 2, de 76,15 hectáreas, y el SLN-2 Rosam Puerto 1, de 68,97, ambos actualmente de uso turístico. En el plan se describe que ambos están ocupados por "un pinar desarrollado y bien conservado que forman un conjunto de alto valor ambiental y paisajístico incluidos en su totalidad en el LIC [Lugar de Interés Comunitario] Pinar de Roche". Y que esos valores, "así como su posición, estratégica en un frente litoral libre de procesos de urbanización, justifican la necesidad de preservarlos de desarrollos urbanísticos".

En total, según la Junta, durante el periodo de exposición al público del PPCLA se recibieron 918 escritos y 3.547 alegaciones formuladas por 48 de los 62 municipios afectados en toda Andalucía, organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas, grupos profesionales, universidades y ciudadanos. Un 35% se incorporaron a la redacción final, si bien las zonas declaradas como protegidas por el plan dentro del Campo de Gibraltar permanecen invariables respecto al documento de la aprobación inicial (de 2013). Tarifa, sin embargo, fue uno de los ayuntamientos que había tramitado alegaciones contra este proyecto normativo y también planteó abiertamente la posibilidad de negociar con los técnicos. A la vista del resultado, sus peticiones no han sido incorporadas.

Así, el plan concede la máxima figura de protección territorial (PT1) a 357,53 hectáreas de cinco sectores urbanísticos del término municipal tarifeño. Se trata del ya citado sector de Valdevaqueros (74,13 hectáreas), así como Las Piñas (83,44); Torre de la Peña (37,07); Los Lances (61,66) y Pedro Valiente (101,23 hectáreas). Los dos primeros tienen sendos planes parciales aprobados que ahora quedan en suspenso. A su vez, según el PGOU de Tarifa (de 1989), en estos espacios se preveía en total la construcción de hasta 1.961 viviendas que, igualmente, quedan ahora descartadas. 350 de ellas se ubicaban en Valdevaqueros, 787 en Torre de la Peña y 824 en Los Lances, aunque en estos dos últimos casos se trataba de una programación, sin un plan parcial que sustentase su construcción.

Que un suelo sea calificado como PT1 supone, según la memoria del plan, la prohibición con carácter general de la construcción de edificaciones, salvo las vinculadas a adecuaciones recreativas, senderos, observatorios y centros de la naturaleza, accesos a las playas y todos aquellos compatibles con los valores naturales y paisajísticos protegidos, y cuyo uso esté relacionado con el mantenimiento y preservación de dichos valores.

Sobre estos cinco sectores urbanísticos, la memoria de ordenación justifica el veto al ladrillo en que poseen valores ambientales y paisajísticos de gran interés, a lo que se debe añadir su posición en contigüidad con los espacios protegidos y su posición estratégica respecto a las rutas migratorias de las aves a través del Estrecho. "Estos cinco ámbitos han de ser considerados conjuntamente en la estrategia de protección de un tramo litoral de indudable valía ambiental y singularidad paisajística", destaca.

En San Roque mantiene la catalogación como PT1 el sector de Guadalquitón 200 hectáreas. Aunque aún constan en el PGOU como urbanizables, ya están protegidas desde su inclusión en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA); por su previsión a su vez como nuevos suelos que se van a incorporar al parque natural de Los Alcornocales y porque el propio Ayuntamiento de San Roque descartó en su día desarrollar las 2.800 viviendas contempladas en el planeamiento municipal, pendiente aún de revisión tras más de quince años.

Además de estos sectores, el documento concede el grado de protección 2 (PT2) a otros dos sectores menores de San Roque, en Torreguadiaro, con 10,07 y 12,02 hectáreas, respectivamente, y a una franja de terrenos de la zona de Los Charcones, en La Línea, con 22,75 hectáreas. En este caso, según el articulado del plan, el suelo debe ser igualmente declarado como no urbanizable de especial protección, si bien en este caso sí se permitirán construcciones e instalaciones para la explotación agraria, las actuaciones vinculadas a adecuaciones recreativas, y las demás actuaciones de interés público para infraestructuras, instalaciones recreativas, de ocio o turísticas, que sean compatibles con la preservación natural de los terrenos, como hoteles, campings, o las dotaciones turísticas o deportivas ligadas al uso de la playa, pero bajo estrictos condicionantes ambientales.

El mismo grado de protección PT2 contempla el plan para 73,50 hectáreas de El Palmar, en Vejer; 30,05 en Los Caños de Meca y 28,16 en el entorno del Faro de Trafalgar, en Barbate; 273,18 en Villanueva Norte (Puerto Real); 135 en Camposoto (San Fernando); 65,63 en Aguadulce (Rota); 52,34 en Camarón (Chipiona) y un sector de 5,87 hectáreas en Bonanza y otro de 5,2 en La Jara, ambos en Sanlúcar.

En cualquier caso, desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cádiz aclaran que de los veinte sectores afectados por el plan en la provincia, tres lo son parcialmente (El Palmar, Faro de Trafalgar y Vilanueva Norte), "no comprometiéndose su desarrollo, si bien deberá llevarse a cabo una redistribución de la ordenación actualmente propuesta por el planeamiento general".Se calcula que son 13.337 las viviendas previstas en los sectores afectados por alguna protección y que se verán afectadas un 34,61%, es decir, unas 4.754.

El Plan de Protección del Corredor Litoral en la provincia de Cádiz afecta a 16.517 hectáreas de costa, de las que quedan bajo protección 8.968 en la Zona de Influencia del Litoral, es decir, en los 500 metros hacia tierra desde el Dominio Público Marítimo-Terrestre . De ellas, 5.868 lo están bajo las categorías antes mencionadas de PT1 y PT2 y 3.439, por diversas figuras de protección ambiental y por los Planes de Ordenación Territorial.

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