Siete años y siete meses de prisión es la pena que la Audiencia Provincial de Cádiz ha impuesto a la mujer que se hizo pasar por abogada en Sanlúcar durante casi una década. El tribunal ha dado por probado que entre los años 2007 y 2016, la acusada estafó más de 153.000 euros a numerosos vecinos de la localidad mientras ejercía supuestamente como letrada. La ahora condenada aseguraba a sus clientes que estaba tramitando sus casos cuando en realidad no hacía nada. Y para justificarse ante ellos, llegó incluso a confeccionar documentos falsos. 

La Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz la ha condenado como autora responsable de un delito continuado de estafa agravada a la pena de seis años de cárcel y multa de 1.800 euros, y por un delito continuado de falsedad en documento oficial a un año y siete meses de prisión y multa 1.350 euros. Además, el tribunal ha dictaminado que indemnice a las personas que estafó, un total de 18, en la suma total de 153.395 euros. 

La sentencia recoge como hechos probados que M.D.J.L., condenada anteriormente por un delito de apropiación indebida a seis meses de prisión, se hizo pasar por abogada entre los años 2007 y 2016 "con ánimo ilícito". "Ofrecía servicios como abogada y procuradora sin llegar a realizar tal función. Simulaba actuar en procesos judiciales o administrativos, para lo cual elaboraba y entregaba documentos justificativos de ello falsos", precisa la resolución judicial.

Esta actividad fue llevada a cabo por M.D.J.L. es un despacho abierto al público en la localidad de Sanlúcar bajo el nombre de Grumeco, S.L. La administradora única de esta entidad que tenía como objeto social el asesoramiento jurídico era la procesada.

Caso a caso

De los 18 casos de estafa que llegó a perpetrar la falsa abogada, la mayoría estaban relacionados con asuntos urbanísticos. Algunos fueron especialmente sangrantes. A., por ejemplo, acudió a su despacho en el año 2013 para recurrir una sanción por una infracción urbanística del año 2009. Este cliente abonó a la procesada entre enero de 2013 y marzo de 2014 la suma de 53.175 euros para dicho pago. El hombre llegó incluso a presentar ante el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Sanlúcar un documento de ingreso en la Agencia Tributaria de 48.307 euros que la encausada había falsificado. Ese documento recogía "faltando a la verdad" que A. no tenía ninguna deuda pendiente cuando no era así.

Algo similar le sucedió a V. en el año 2014. Esta víctima recurrió a la supuesta letrada para legalizar la construcción de una vivienda y abonó 20.400 euros. Pese a cobrar esta cantidad, la acusada no realizó gestión alguna posterior. Esto provocó que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar levantase un acta de infracción por construir en suelo agrícola periurbano no urbanizable contra V., que se 'encontró' a una multa de 111.093,12 euros.

También D. contrató los servicios de M.D.J.L. en 2007 para gestionar la legalización de una vivienda irregular en Sanlúcar. Una vez más, la procesada no llevó a cabo trámite alguno, lo que dio lugar a que D. fuese sancionado por el Consistorio sanluqueño con 88.000 euros.

M., otro afectado, pagó a la encausada 11.000 euros en 2010 con el objetivo de evitar la demolición de su vivienda, acordada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz. La propia acusada le entregó copia a M. de una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que dejaba sin efecto tal derribo. Pues bien, "en ningún momento dicha sentencia se llegó a dictar con tal contenido", señala el tribunal. 

El caso de L., otro damnificado de la lista, es igualmente grave. Él visitó el despacho de Grumeco para una reclamación por daños y perjuicios motivada por una supuesta negligencia médica. L. abonó a la hipotética abogada 5.000 euros como provisión de fondos. También le otorgó un poder para pleitear. La encausada, indica la sentencia, elaboró un decreto falso del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz donde supuestamente a esta víctima le correspondían más de 42.000 euros. Sin embargo, a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía no le constaba reclamación patrimonial alguna por parte de L.

La sentencia que condena a la falsa letrada no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.