Con el final del siglo XX empezó la decadencia de la condición del arquitecto en España. Durante muchos años, el oficio de la arquitectura había sido reconocido como uno de los de más alta consideración en virtud de que se encargaba de una parte importante de las necesidades del ser humano: la organización de la ciudad, la construcción tanto del espacio íntimo, la vivienda, como de los espacios necesarios para el desarrollo de las principales actividades de los hombres: el rezo, el aprendizaje, el intercambio, el desarrollo del ocio...

Hasta entonces el arquitecto (salvo deshonrosas excepciones) salía de la escuela de arquitectura como un ser ilustrado, conocedor de la historia del arte y de la arquitectura; experto dibujante, tanto a mano como en la utilización de los tradicionales instrumentos de dibujo: escuadra, cartabón, escalímetro, paralex; capaz de calcular estructuras metálicas, de hormigón armado, de ladrillo, de madera, todo ello con tan sólo una regla de cálculo o, más recientemente, con una calculadora científica; igualmente capaz de calcular los grosores de las líneas eléctricas, de los diámetros de las tuberías de abastecimiento y de los desagües; entrenado para diseñar edificios de usos diversos; conocedor de las unidades de medida, de la escala, de las unidades de masa y de fuerza; conocedor de los materiales de la construcción; en fin, con un compendio de conocimientos y especialista en materias que le convertían en un útil engranaje para la sociedad.

El declive comenzó tras el ingreso del país en la Unión Europea. Los arquitectos españoles eran entonces tan admirados por los europeos como lo son ahora las actuales generaciones de futbolistas. También eran envidiados porque no sólo hacían proyectos estupendos sino que también se responsabilzaban de construirlos. Pronto cambiarían las cosas. Primero fue la flexibilización de las competencias profesionales. Se empezó a transmitir desde la administración la idea de que ciertas obras, hasta entonces de exclusiva competencia de los arquitectos, formados para ello, las podrían realizar otros técnicos, como si los conocimientos pudieran adquirirlos estos otros por decreto ley. Más recientemente, con la ley de la competitividad se eliminaron los baremos de honorarios, cosa que no sucede en Alemania o Francia, como si la productividad residiera en hacer los proyectos más baratos y no en hacerlos mejor. Finalmente, con la aparición de la crisis financiera, se les acusó de haber sido parte de la causa, cuando la realidad es que la crisis se generó en otras instancias y de ella se beneficiaron solamente unos pocos. En todo este proceso, las grandes empresas constructoras fueron aumentando su poder al mismo tiempo que los arquitectos iban progresivamente quedando sin una de sus mayores opciones en la defensa del dinero, público o privado: el control presupuestario del proyecto.

Todo ello caló en la sociedad española que no tuvo, ni tiene, reparos en señalar a los arquitectos, cuando se trata de justificar el descontento con la deriva que han tomado nuestras ciudades, nuestras costas, nuestro paisaje, nuestro medio. Unos arquitectos que han estado callados todos estos años sin trabajo (más de un 60% de paro técnico); sin medios para mantener sus despachos profesionales; que no han podido darse de alta en el paro ni de baja en hacienda, por razones obvias; que están obligados a mantener durante diez años los costosos seguros de responsabilidad civil. Aún así, aunque están preparados para hacer muchas otras actividades, la mayoría sigue soñando con el proyecto por venir, con ese nuevo edificio que proyectar en su ciudad, con esa nueva apuesta por mostrar su condición cívica, pues no es otra cosa lo que deviene de la decisión del hombre racional de vivir en eso que se dio en llamar ciudad.