Las relaciones entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Jerez nunca han sido del todo fructíferas. Durante los años de mandato de Pedro Pacheco, incluso cuando los andalucistas fueron clave en la Junta, las tensiones siempre estuvieron presentes, con el punto álgido del asunto de los terrenos de Los Garciagos, donde se iba a construir el parque temático Sherryworld, que acabó sentando al alcalde, por lo penal, ante el TSJA. El primer gobierno socialista, que venía para quedarse muchos años al decir de un histórico del PSOE, fue una época de cierta paz en la Junta que no se tradujo en lo municipal. Los mandatos populares, en dos épocas diferentes, tampoco se tradujeron en una sintonía porque en Sevilla gobernó entonces el PSOE. Incluso en el primer mandato de Mamen Sánchez, una candidata a la alcaldía que no era del aparato del partido, la confluencia de siglas no supuso una mayor conexión entre San Telmo y la calle Consistorio. De hecho, hoy, con el segundo mandato de Sánchez como alcaldesa, Jerez no es una ciudad a la que hayan acudido con mucha frecuencia los consejeros y altos cargos de la Junta, primero del PSOE y ahora del Partido Popular. Es más, si comparamos, hasta pueden quedar empatados con sólo dos años de gobierno de PP en Sevilla.

Y es que, pese a esa relación distante y desconfiada que nadie puede negar entre ambas instituciones, Jerez no está entre las ciudades donde menos presencia ha tenido el gobierno de Junta y sus miembros en estos dos años. La propia delegada del Gobierno, Ana Mestre, y la delegada del área más delicada en estos tiempos, Isabel Paredes, son jerezanas. Eso sí: una, preocupada también por el pulso político con el todavía portavoz municipal Antonio Saldaña, y la otra, falta de mayor impulso, protagonismo (en el buen sentido) y control de la situación ante la opinión pública. Una desconfianza que se da a uno y otro lado del gobierno. Y la principal perjudicada una vez más de todo esto, ¿quién es? Jerez.