Su propio afán

Enrique García Máiquez

Anda, Colau

VIVIMOS en Casablanca: "¡Es un escándalo: hemos descubierto que aquí se juega!" Lo exclama el capitán Renault, a la vez que recoge su tanto por ciento de las ganancias del juego del local de Rick. Cómo no rememorar la escena de la famosa película viendo a todo quisqui rasgándose las vestiduras con la declaración de Ada Colau: "Vamos a desobedecer las leyes que nos parezcan injustas".

No quiero decir, ojo, que me parezca bien el legalismo de plastilina que propugna la alcaldable de Barcelona. Lo que llama la atención es nuestra doble vara de medir. ¿Acaso no lleva años la Generalidad, desde la misma ciudad, desobedeciendo las leyes que le parecen? Y no sólo las leyes, sino las sentencias, que son el segundo aviso. Y nadie ha sacado los mansos y se ha llevado ese toro a los toriles.

Al menos una ventaja del auge de los emergentes es que vamos a estar muy vigilantes. Con el Estado de Derecho y con muchas cosas más. Quizá el ejemplo más sangrante de la ley del embudo de nuestra democracia es el aborto, que cuando gobierna la izquierda se marca en rojo en muchas agendas políticas, pero que cuando gobierna la derecha se olvida, aunque se siga abortando igual. Probablemente a Podemos le escrutemos entre todos más las cuentas y las actitudes. Lo cual -ellos mismos estarán de acuerdo- será muy bueno para el sistema.

Lo ideal, sin embargo, es que chequeásemos a todos su cumplimiento estricto de la ley, empezando por el de la Constitución, que, a fuerza de flexibilidad, se ha vuelto papel mojado, donde cupo, cabe y cabrá cualquier cosa. La interpretación creativa ha conseguido que todos los gatos sean pardos. La gravedad del coladero puede verse ahora, tras el escándalo de las palabras de Colau; y los que vendrán. Dice ella que desobedecerá las leyes que le parezcan injustas. Atención, por cierto, al matiz: no las que lo sean, sino las que ella se barrunte. La Constitución es la que tendría que determinar qué leyes son justas o, como mínimo, ajustadas a Derecho. Pero para esa función nuestra Carta Magna ha devenido inútil, no por rigidez, como tanto se repite, sino justo por lo contrario.

Por supuesto que si uno piensa que una ley es injusta, sea o no constitucional, debe desobedecerla. Mediante la objeción de conciencia, que es el deber último de cada ciudadano, sea alcaldable o no. Pero ateniéndose a las consecuencias legales, que es lo que Ada Colau no quiere. Ni nadie.

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