No hay una sola fuente cercana a Pedro Sánchez que desmienta categóricamente la posibilidad de que el presidente ponga en marcha el procedimiento de indulto de los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación. Si se da por bueno el dicho de que el que calla otorga, estamos en puertas de que el Gobierno ponga en la calle a los independentistas catalanes. Ya advierten algunos miembros del círculo de Sánchez que lo que determinen el Tribunal Supremo y la Fiscalía no es vinculante, advertencia de la que se deduce que Sánchez hará una vez más lo que le convenga aunque abunde en el descrédito del Gobierno. Cualquiera de los jueces con los que se hable estos días coinciden en un mismo argumento: para que los independentistas sean indultados deben pedirlo, deben mostrar arrepentimiento por el delito cometido, y el tribunal que los juzgó y la Fiscalía deben estar de acuerdo con indultarlos.

No se da ninguna de las circunstancias, y salir ahora con el debate de lo vinculante o no vinculante es una cobardía: un presidente, más que cualquier otro ciudadano, está obligado a defender como el que más el Estado de Derecho. Y Sánchez dará un pésimo ejemplo si se mueve al margen del criterio de los más renombrados jueces y fiscales, los que han llegado al Tribunal Supremo.

Ya resultó preocupante en su momento, por no decir escandaloso, que la Abogacía General del Estado cambiara el delito de rebelión por el de sedición cuando Sánchez ganó la moción de censura contra Rajoy. Después el Gobierno abrió la mano para aliviar la condena de Junqueras y sus compañeros con el destino carcelario, aunque las últimas semanas evitó pronunciar la palabra indulto por temor a que pudiera incidir, para mal, en el resultado de los socialistas en las elecciones madrileñas.

Pésimo resultado, pero tragado el sapo Sánchez vuelve a las andadas. No se sabe bien si por simpatía hacia la causa independentista a pesar de su ilegalidad, porque sigue creyendo inocentemente que ERC impedirá que Puigdemont vaya excesivamente lejos o, lo más probable, porque a Sánchez lo que le importa es garantizarse el apoyo parlamentario para mantenerse en Moncloa hasta unas nuevas elecciones.

Con un añadido muy serio: el indulto, si se produce, tendrá que ser sancionado por el Rey. Viene obligado en las monarquías parlamentarias que el Jefe del Estado asume el resultado de las urnas y firma los decretos del Gobierno. No cabe la cobardía de Balduino, que abdicó durante tres días para no firmar la ley del aborto. Don Felipe firmará lo que le presente el Gobierno aunque el presidente no sea tan riguroso como el Rey en la aceptación de la legalidad.