DEL 28 de febrero, día de Andalucía, ha dicho el presidente Escuredo en una conversación con el profesor Clavero que "fue una manera de autodeterminarse del pueblo andaluz y de afirmar su personalidad"; en 1980 decidimos ser dueños de nuestro destino para no ser ni más ni menos que ninguna otra autonomía.

A partir del referéndum andaluz nace en España lo que conocemos como Estado de las autonomías, denominación que ni siquiera aparece en la Constitución, de ahí que en el estudio Por una reforma federal del Estado realizado por un grupo de expert@s para la Fundación Alfonso Perales se diga que "el Estado autonómico ha perdido legitimidad de ejercicio en estos últimos años y al carecer de legitimidad de origen claramente reconocible, se ha quedado suspendido en el aire".

La presidenta de la Junta de Andalucía lo ha dejado claro: "Tenemos problemas territoriales en España, de nada sirve negarlo, y la solución no son los saltos al vacío ni intentar dejar las cosas como están".

El Estado de las autonomías, tal y como hoy está configurado, no sirve; es un modelo que lleva abierto demasiados años y ha sido muy eficaz para resolver problemas históricos de articulación territorial, pero que hoy está en crisis y hay que afrontar, con decisión y acuerdos políticos y sociales, su reforma.

Se hace cada día más evidente que la salida de la situación en la que nos encontramos es el Estado federal; muchos sostenemos, desde hace años, que el Estado de las autonomías es una forma de Estado federal, con carencias que son, precisamente, las que hay que corregir; para ello haya que reformar la Constitución, sin duda, pero no es un empeño imposible. A nuestra democracia le falta demostrar que, cuando es necesario, puede hacerlo con normalidad, como ocurre en todos los países del mundo. Es la unidad de España la que lo pide a gritos.

La reforma constitucional, en sentido federal, no es muy difícil; las cosas más relevantes son pocas: hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, con presencia de los gobiernos autonómicos para dirimir conflictos, un reparto competencial nítido Estado-CCAA y una financiación justa. El Estado federal reconoce la diversidad, sin que signifique privilegios para nadie. Desde Andalucía se construyó el Estado de las autonomías, desde aquí debemos coger la antorcha del Estado federal como garantía de la pluralidad y la igualdad entre nuestros territorios.