MAGDALENA Álvarez, ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento, ha informado al consejo de administracíón del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que vicepreside, de que no encuentra motivos para dimitir de su cargo. No ve, ella, que su imputación en el caso de los ERE suponga un riesgo para la reputación del banco, dado que sólo está imputada, sin que haya sido acusada, de momento, de ningún delito concreto. El Gobierno sí ve motivos para la dimisión, que el consejo debatirá el mes que viene.

La verdad es que el mero hecho de que el Gobierno promueva su cese ya debería ser causa suficiente para que ella misma se adelantase presentando la dimisión, y ello independientemente de que el Ejecutivo de Rajoy actúe por móviles partidistas y aplique su habitual doble vara de medir. Álvarez es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones en representación de España. Tan legítimamente actuó el Gobierno que la colocó como el que ahora pretende descabalgarla. No puedes representar a un país si los que lo gobiernan no te quieren. No se sostiene.

Ella no se va, probablemente porque está convencida de su inocencia, porque está convencidísima de su valía profesional y política y, por supuesto, porque la vicepresidencia del BEI es un puesto bastante bien retribuido. El caso es que su imputación por la puesta en marcha desde la Consejería de Hacienda del mecanismo irregular que hizo posible el gigantesco fraude de los ERE ya no es ocurrencia de la juez enemiga Mercedes Alaya, sino auto confirmado por la Audiencia Provincial de Sevilla, a cuyos magistrados es complicado atribuirles prejuicios e inquisiciones contra Magdalena y contra la Junta.

Aquí funciona una confusión, frecuente entre los políticos incursos en procedimientos judiciales, de responsabilidad penal y responsabilidad política. La penal de Álvarez está por ver, ella hace bien en considerarse exenta. Pero responsabilidad política la tiene sin duda. Bajo su mandato en Hacienda se desarrolló ampliamente un método de financiación de empresas ajeno a los procedimientos administrativos vigentes gracias al cual se cometió un delito de corrupción a gran escala por el que hay casi 180 personas imputadas. Ocurrió durante la guardia, entre otros, de Magdalena Álvarez.

No se va Magdalena por voluntad propia, pero ¿no será mucho peor que la echen sus colegas?