HACE tan sólo unos días el Tribunal Supremo confirmaba el archivo de la causa contra la ex alcaldesa María José García-Pelayo, una decisión que, sin duda, debe abrir el debate en nuestro país sobre la presunción de inocencia, pero que, sobre todo, debe servir, como ella misma pidió en su comparecencia pública tras conocerse el auto, para reflexionar sobre el acoso al que puede verse sometida una persona que es condenada antes de conocerse la decisión de un juez y el daño que estas acusaciones pueden causar, no sólo a nivel político, sino hacia su persona, incluido su entorno familiar y amigos. Sería como pedir un milagro que los partidos de la oposición, que no han desaprovechado ni un solo día para utilizar el caso como arma electoral, aún cuando ni si quiera estaba siendo investigada, pidieran disculpas a su adversario político que, ante todo, debe ser compañero en servir a los ciudadanos. Estoy segura que estos verían con muy buenos ojos e incluso agradecerían, que un político dijera: "me he equivocado… Lo siento". Basta con recordar el ejemplo del ya Rey Emérito.

No hay que olvidar que políticos y periodistas somos creadores de opinión y, por tanto, tenemos la responsabilidad de llamar a las cosas por su nombre y, por supuesto, de respetar el principio de presunción de inocencia. Es cierto que los ciudadanos están hartos de corrupción, y así lo reflejan las encuestas del CIS, pero también es verdad que cuando una persona es imputada la información abre telediarios y llena páginas de la prensa local y nacional; sin embargo, cuando se archiva la causa, en muchos casos ni siquiera se publica o se recoge en los mismos telediarios que machacaron con la noticia. Igualmente, en el caso de Jerez, la oposición ha utilizado el caso día y noche sin importarle las consecuencias de tan graves acusaciones y, si no, miren las hemerotecas. Sin que hiciera falta que se produjera el milagro, no estaría mal pedir disculpas y, por supuesto, decir también lo siento a Jerez por haberla puesto en punto de mira, día tras día, sin haber respetado el derecho a la presunción de inocencia.