LA Cámara de Cuentas de Andalucía ha desvelado la existencia de numerosas irregularidades en el control y la gestión de las ayudas a los trabajadores autónomos contempladas en el plan de la Junta para fomentar el autoempleo en el periodo 2007-2013. No son irregularidades esporádicas ni irrelevantes: nada menos que el 42% de los pagos recibidos no han sido justificados por sus beneficiarios, lo que equivale a 138 millones de euros de fondos públicos cuyo uso no ha sido verificado como correcto. El problema se agrava porque muchas de las subvenciones pendientes de justificar están cerca de superar el plazo fijado para su justificación, lo que pone en peligro las demandas de reintegro a las que el Gobierno andaluz tiene derecho, su bien no ha sido nada diligente en su tramitación: la Cámara de Cuentas indica en su informa de fiscalización que algunos de los expedientes más antiguos no han sido remitidos por la Consejería de Economía -responsable de las ayudas- a la de Hacienda para su reclamación por la vía ejecutiva. Tampoco es una práctica inhabitual. En los últimos años se ha puesto de manifiesto la reiterada falta de seguimiento y control de la gestión que se hacía de todo tipo de ayudas y subvenciones -ciertamente cuantiosas, en los años de vacas gordas- otorgadas por la Junta de Andalucía y sus diversas empresas públicas. De esta desatención y alegría subvencionadora se han beneficiado irregularmente colectivos laborales en situación de regulación de empleo, organizaciones patronales y sindicales, empresas gestoras de cursos de formación y toda clase de entidades. No hay por qué dudar de la necesidad de estas políticas de carácter social y económico conectadas con el interés general, como es el caso que comentamos del fomento del trabajo autónomo, pero el carácter público del dinero que se ha entregado para estos menesteres exige una utilización rigurosa del mismo y, por tanto, un seguimiento estricto de su gestión por parte precisamente de los responsables de su concesión. Este control ha sido deficiente y, en ocasiones, ha brillado por su ausencia. Hasta tal punto es así que algunas de estas políticas vienen siendo objeto de investigación policial y judicial, con derivaciones completamente escandalosas (caso de los ERE, por ejemplo). La primera obligación del actual Gobierno de la Junta de Andalucía debería ser, si hace honor a su compromiso de ruptura con el pasado en este punto, garantizar los mecanismos necesarios para que el control de las ayudas públicas sea un ejercicio cotidiano y normal, y no la excepción. Para que la Cámara de Cuentas no pueda volver a sacarle los colores ni los jueces a abrirle sumarios escandalosos a los gobernantes.