EL encarcelamiento del ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, en plena campaña electoral como principal responsable, por ahora, de la trama de los ERE es un hecho de una inusitada gravedad. Coloca este caso de presunta corrupción, que afecta de lleno al Gobierno andaluz y al partido que lo sustenta, en el nivel de los mayores que se han conocido en la historia de la democracia española. Que su maratoniano interrogatorio durante tres largas jornadas por parte de la instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, se haya desarrollado en pleno debate electoral es un hecho que es imposible considerar como una mera casualidad y que, inevitablemente, va a marcar la campaña en una dirección muy determinada. Son dos circunstancias, la gravedad de los hechos investigados y el momento político elegido para interrogar y dictar prisión provisional para el imputado Guerrero, que le dan a este caso una profundidad política que quizás no sea la más conveniente para el esclarecimiento de los hechos. Desde estas páginas hemos defendido en muchas ocasiones que la red de presunta delincuencia que se instaló en la Consejería de Empleo debe ser investigada hasta el fondo y depuradas todas las responsabilidades que se deriven de los hechos que se puedan demostrar, las penales y, por supuesto, las políticas. Y en este último capítulo, las de acción y también las de omisión: no tiene explicación posible que dos consejeros mantuvieran durante tantos años en el cargo a un director general que hacía los manejos que presuntamente hacía Guerrero; también habría que pedirle explicaciones políticas -y habría que ver si también otras- a los dos presidentes que mantuvieron a esos consejeros en sus gobiernos. La juez Alaya ha emprendido una rigurosa investigación de los hechos y ello es algo que la sociedad andaluza le debe de reconocer. Pero también hay que resaltar que la instrucción realizada por la magistrada no ha sido neutra. En la madrugada del sábado se volvió a demostrar. No es esta una conclusión que se saque por los hechos de las últimas horas. Basta repasar, como hacíamos ayer en estas páginas, los calendarios de comparecencias o los autos dictados durante las últimas campañas electorales para determinar que las investigaciones de Alaya han marcado una estrategia y han favorecido unos intereses concretos. Ello no obsta para que su actuación judicial sea irreprochable desde el punto de vista procedimental. Pero quizás habría que preguntarse si es bueno para Andalucía que la campaña del 25-M haya quedado condicionada desde un juzgado.