Editorial

El presupuesto divide a PSOE e IU

IU achaca al PSOE dar por supuestas medidas sobre ingresos y gastos en el presupuesto de 2014 que no han sido pactadas por ambos

 LA consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha advertido que el recorte de 1.200 millones de euros en el gasto de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2014, derivado de la política de reducción del déficit público y las menores transferencias del Estado, obligará a disminuir nuevamente las inversiones de la Junta y a ajustar otra vez el empleo público y las pagas extraordinarias de los 265.000 funcionarios y empleados, ya mermadas en el ejercicio presente. El anuncio ha provocado el lógico malestar del funcionariado, sometido a una congelación salarial que ya dura varios años, que tiene razones para considerarse el colectivo más sacrificado durante este tiempo de crisis y recesión. Lo novedoso es que en este caso las manifestaciones de Montero han encontrado una réplica contundente en la coalición Izquierda Unida, que comparte las responsabilidades de gobierno con el PSOE. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha salido al paso de la consejera de Hacienda, subrayando de manera especial que en la elaboración de los presupuestos, como en otras materias, son las dos formaciones coaligadas las que deciden, sin que quepan iniciativas unilaterales de ninguno de los dos socios, máxime cuando existe un organismo de enlace entre ambos para debatir y pactar una política común. De hecho, como es conocido, Izquierda Unida sigue insistiendo en que el Gobierno autonómico debe explorar la posibilidad de conseguir mayores ingresos a través de la implantación de nuevos impuestos y tasas, como las que afectarían a las grandes superficies comerciales o al consumo de bebidas azucaradas. Por otro lado, Castro ha mostrado también su desacuerdo en lo que se refiere a la contención del gasto de la Junta. Según dijo públicamente la consejera Montero, no es posible adelgazar el aparato político-administrativo del Gobierno andaluz después de la reestructuración acometida por el anterior presidente; según el portavoz de IU, todavía hay “grasa” que reducir en la Administración autonómica, debiendo hacerse una auditoría de todo el sector público andaluz, empresa a empresa y fundación a fundación, a lo que habría que añadir el análisis de la eficiencia de observatorios, consorcios y otros organismos que se han ido creando en los últimos años , en ocasiones con exceso de directivos o con fines apenas disimulados de clientelismo. Mientras que la iniciativa de incremento de la presión fiscal sería muy negativa para la economía de la región, la eliminación o el redimensionamiento del sector público constituye una necesidad. Ahora también es un motivo relevante de división entre las dos formaciones que integran el Gobierno regional. 

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