La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está sucumbiendo a las tentaciones que acechan desde el minuto uno a los gobernantes que consiguen la añorada mayoría absoluta en las urnas: cambiar las reglas del juego democrático en mitad del partido (legislatura).

Se presenta como la campeona del liberalismo y la auténtica némesis de Pedro Sánchez, rivalizando incluso con Feijóo, pero a las primeras de cambio hace aprobar en el Parlamento autonómico una proposición de ley llamada de “simplificación” mediante la cual altera las mayorías necesarias para elegir a los órganos llamados a controlar y fiscalizar su propia gestión al frente de la comunidad madrileña.

A partir de ahora le será más fácil al Ejecutivo de Ayuso designar a la mayoría de los representantes públicos en la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y la dirección de Telemadrid. O lo que es lo mismo, controlar a los controladores en tres instituciones que son fundamentales por su contenido: la vigilancia de la legalidad presupuestaria y financiera, la supervisión de la limpieza de la actividad política de su gobierno y la información que se proporciona a los ciudadanos desde el principal medio público de comunicación.

Arrasar a la oposición en las urnas no puede ser un salvoconducto para neutralizar o minimizar los mecanismos democráticos cuya vigencia y solidez sirven precisamente como contrapesos y frenos a cualquier abuso de las mayorías absolutas.

Estas maniobras, tan legales como ilegítimas, hacen pensar que el liberalismo de Ayuso se circunscribe al ámbito económico y se concreta en la devaluación de lo público, alejándose de la mejor tradición liberal, la referida al espacio de la política democrática, la defensa y protección de las libertades y el aspecto moral. Menguar o reducir los controles institucionales y sociales al Poder Ejecutivo no supone ningún avance, sino un retroceso con aspiraciones de irreversible. Sencillamente iliberal. Nos quejamos, con toda razón, de que el Gobierno de España y sus socios tóxicos están haciendo cosas que rebajan la calidad de nuestra democracia, como nombrar a ex ministros como Fiscal General del Estado o magistrado del Tribunal Constitucional y mantener en la presidencia del CIS a un militante del partido mayoritario que manipula las encuestas como nadie (por no hablar de la amnistía con todos sus avíos). En la misma línea anda Isabel Ayuso.