EL Consejo de Política Fiscal y Financiera aceptó ayer el planteamiento del Gobierno que obliga a las comunidades autónomas de régimen común a reducir el déficit público al 1,5% de sus respectivos PIB durante el año 2012. El acuerdo se adoptó por una amplia mayoría de los consejeros de las comunidades representadas, con el único voto en contra de Andalucía y la abstención de Cataluña y Canarias. El control del déficit autonómico hasta la cifra indicada -dentro del déficit de España, comprometido hasta un 5,8% del PIB nacional- supondrá un gran esfuerzo de ajuste en las autonomías, ya que durante 2011 solamente Madrid cumplió el objetivo fijado con anterioridad y diez de las diecisiete autonomías lo duplicaron, y de manera especialmente grave Castilla-La Mancha. Se trata de dar confianza a los mercados y aumentar la credibilidad de España, como se había propuesto el Gobierno de Rajoy, tras haber decidido flexibilizar el mandato comprometido con la UE respecto al déficit del conjunto de España. El resultado de la reunión ha sido el previsible. Los consejeros de comunidades gobernadas por el PP, que son la gran mayoría, se guardaron sus objeciones al plan tras haber sido convencidos por la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, de la importancia de mantener un compromiso férreo sobre el tema. Por su parte, la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, también secundó el planteamiento que había hecho el presidente Griñán en contra de los criterios del Gobierno sobre el reparto de los sacrificios entre las distintas administraciones. Griñán estima que la Administración central se aplica un ajuste inferior al que le corresponde y carga al máximo la austeridad sobre las comunidades autónomas, que pueden verse obligadas a hacer recortes en los servicios básicos que prestan a los ciudadanos. Es un argumento sólido, que el ministro de Hacienda atribuyó, sin embargo, a la proximidad de las elecciones autonómicas.