En las últimas semanas de este año 2024 se han producido en España dos sucesos luctuosos, relacionados ambos con la criminalidad, que han tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación. Así, el 8 de febrero fueron detenidos en Castro Urdiales dos menores de edad de 13 y 15 años respectivamente, hermanos biológicos, tras confesar que el día anterior habían matado a su madre adoptiva de una puñalada en el cuello. Posteriormente, en la noche del viernes, 9 de febrero, una narcolancha que se aproximaba al puerto de Barbate embistió a una pequeña embarcación tipo zódiac, de la Guardia Civil, matando a dos agentes e hiriendo a otros dos, uno de ellos de gravedad.

La reacción de la ciudadanía fue lógicamente de estupor y condena ante –desde su percepción– el statu quo actualmente existente en España para combatir la delincuencia. Paralelamente, ambos acontecimientos tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación escritos y audiovisuales. Especialmente en estos últimos aparecieron expertos más o menos serios, procedentes de distintas disciplinas, en mayor o menor medida científicas, y que exponían su visión e interpretación de los hechos, si bien, en la mayoría de las ocasiones, sin ningún sustento científico, fomentando más bien el morbo, el sensacionalismo y la demagogia. En ningún caso se acudió al análisis u opinión de expertos con formación criminológica, para que estos no sólo explicasen las circunstancias en las que se desarrollaron ambos acontecimientos (en Castro Urdiales y Barbate), sino también las causas, así como las medidas para evitar que pudieran repetirse esos actos. Lo explicado trae consigo que la población tenga una información absolutamente sesgada de la criminalidad en España, sin ningún tipo de base científica.

La Criminología es una ciencia desde hace casi 150 años. La misma se encarga de analizar y comprender el fenómeno del crimen y a los agentes en él implicados, así como sus causas y consecuencias. El objetivo principal de la Criminología es contribuir a la prevención y control del delito, explicándolo científicamente, así como a la rehabilitación de los delincuentes. Dicha disciplina científica se encuentra consolidada en países del entorno cultural europeo, incluida España. Desde hace ya más de diez años, numerosas universidades españolas ofertan el Grado en Criminología como opción de formación académica. Existen también organizaciones científicas que aglutinan a expertos y expertas en Criminología como la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC). Sin embargo, la Criminología sigue siendo considerada en España, tanto a nivel institucional, mediático como –lo que aún resulta más grave– por otros sectores del contexto científico español, como una ciencia auxiliar y subordinada a otras disciplinas como el Derecho, la Psicología o la Medicina. Esto es algo que repercute negativamente no solo en los científicos que se dedican al estudio criminológico de la delincuencia, sino también en los estudiantes que se están actualmente formando para, en un futuro, ejercer la utópica profesión de criminólogo.

Así, en primer lugar, la inexistencia de la Criminología como un área de conocimiento autónoma e independiente de aquellas que están reconocidas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), tiene actualmente consecuencias muy negativas para los académicos e investigadores que trabajan en el campo de la Criminología, ya sea para acceder a los cuerpos docentes universitarios, ya sea para obtener, por ejemplo, un sexenio de investigación. En ambos casos, las comisiones de evaluación están integradas por expertos en Derecho penal; y estas comisiones aplican los criterios y la baremación existentes en una ciencia sustantiva como es el Derecho penal, alejada por tanto de las investigaciones empíricas de las que hace gala la Criminología. En segundo lugar, la inserción laboral de aquellos que concluyen sus estudios en Criminología sigue siendo prácticamente nula, excepción hecha de aquellos que dirigen sus pasos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No existe en España una ley nacional que regule la profesión de criminólogo. En el ámbito de Andalucía, no existe todavía un colegio profesional de Criminólogos. Todo ello trae como resultado, entre otras cosas, que en el contexto de la criminalidad, la información y percepción de la misma siga siendo en España, a día de hoy, sesgada y acientífica. Castro Urdiales y Barbate no constituyen, desgraciadamente, una excepción.