Parece que por fin ha llegado la hora. El momento decisivo de comprobar si el heroico esfuerzo ha merecido la pena. Porque al final, se trataba de gobernar. Sí, nada menos que gobernar; o sea, tomar decisiones que nos afectan a todos, asumir la proteica tarea de transformar la realidad, enfrentarnos a los desafíos de la historia, asomarnos al futuro. Un proyecto que por sí mismo justificaría todos los sacrificios, todos los pactos forzados o extemporáneos (a veces incomprendidos), todas las rectificaciones y reconciliaciones.

Por eso la elemental pregunta de en qué consiste eso de gobernar, seguramente no está de sobra en este momento. Sin caer en la prosaica hipótesis de que gobernar sea el puro y simple reparto de la tarta, está claro que, en un contexto mundial de tan grave incertidumbre como el presente, la simple tarea de manejar el timón de la nave colectiva es un esfuerzo que merece la pena. Enfrentarnos a los rompientes, navegar en el proceloso oleaje guiados por la mano firme de un líder mundial como Pedro Sánchez, seguramente es algo que nos debe reconfortar. Un líder capaz de hablarle claro a los políticos europeos, de proponer soluciones para el conflicto de Oriente Medio y de decirle la verdad en Davos. Un estadista para el futuro.

El problema es que, vista la trayectoria, parece evidente que el sillón de la Moncloa se le queda pequeño al gran Sánchez; o sea, que serían mejores otras sedes para proyectar su liderazgo y su carisma mundial. Porque este es el primer problema: que en las democracias europeas la acción de gobierno se ve estrangulada entre dos coordenadas, cuando hace apenas unas décadas parecía una labor bien definida. Y es que las decisiones estratégicas de dimensión mundial tienen entre nosotros una sede concreta de proyección, llamada Bruselas; y fuera de Europa sólo queda la prosaica tarea de administrar el propio corralito, o sea, asuntos menores o secundarios para tan brillante liderazgo.

Pero el Gobierno Sánchez tiene afortunadamente una segunda y sugerente línea de proyección: la que teóricamente aseguran sus socios “izquierdistas”, consistente en avanzar en los valores y derechos sociales o de bienestar, haciendo así realidad la eterna promesa del Estado de bienestar en España. Las políticas de tipo asistencial, de salud, vivienda, etc., que aseguran el bienestar colectivo de los españoles. Un desafío apasionante donde seguramente a los líderes de Sumar, tan comprometidos con estas urgencias, no les ha dado aún tiempo de darse cuenta de que se trata de un perfil de competencias típicamente autonómicas. Es decir, que lo que se haga o se deje de hacer con el Estado de bienestar en España, dependerá de los gobiernos autonómicos, no del Gobierno de Madrid. El ideal de conquistar o seducir a los poderes territoriales a base de dinero es algo que sólo funciona en tiempos de vacas gordas, pero no en los procelosos tiempos que vienen, con las potencias europeas del norte afilándose el bigote de los equilibrios presupuestarios.

Esta es la doble coordenada –o Bruselas o las regiones– que parece estrangular la acción de gobierno en las democracias europeas, y por supuesto en España. La misma que viene asfixiando desde hace años al mejor político europeo de los últimos tiempos, Emmanuel Macron. Y es que pretender dirigir ahora la programación gubernamental utilizando las mismas coordenadas que operaban a finales del pasado siglo parece que sólo ha conducido a que se le ponga de frente la sociedad francesa. Si esa programación política la proyectamos hacia arriba, acabamos en Bruselas; si la proyectamos hacia abajo, son las regiones y territorios los que asumen el protagonismo.

El problema es que en España ni siquiera tenemos una auténtica programación de la acción de gobierno. Por una parte, están esos teóricos “compromisos” que el Gobierno y su presidente dicen asumir cuando les viene en gana y sobre lo que les viene en gana, para decirnos después que ya han cumplido con todos ellos. Por otra, la geometría fractal y aleatoria de los pactos o acuerdos de tipo Frankestein.

Pero incluso asumiendo el riesgo de un vacío de contenidos, la acción de gobierno en España siempre tendrá algunas concreciones residuales: como cumplir con los chantajes de los socios anti-sistema, o establecer algunas regulaciones del mercado. Por lo tanto, la conclusión sería que al final no gobierna el Gobierno sino sus socios independentistas; o que no gobierna el Estado, sino más bien la lógica del mercado. O visto de otro modo, se trata de una acción de gobierno que pretende ir en contra del Gobierno de España. Todo un espectacular caso de “Gobierno anti-Gobierno”: la apoteosis para cualquier ultraliberal coherente, que es adonde estamos llegando, sin darnos cuenta, en España. Por eso, si las cosas acaban yendo mal, siempre llegamos a la misma conclusión absurda y surrealista: la culpa será de la oposición.

Pero frente a este escenario tampoco deberíamos agobiarnos; ya sabemos que en momentos de apuro siempre nos quedan las auténticas esencias. Así que tranquilo amigo. Ante la pregunta ¿en qué consiste la acción de gobierno? La respuesta es muy sencilla: consiste en repartir el botín, dividir la tarta, nombrar altos cargos, repartir prebendas, distribuir el dinero, conceder subvenciones. O sea que, al final, lo de siempre.