El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que están dispuestos a sentarse con el Gobierno para modificar el artículo sobre suelos forestales del decreto de simplificación y ha confirmado que el jueves se celebrará en San Telmo la reunión prevista con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre sequía. Moreno y Ribera hablaron ayer lunes por teléfono, tras la polémica por la supuesta declaración de suelos forestales como cultivables, que ha hecho tambalearse el acuerdo para salvaguardar Doñana que firmaron en noviembre ambas administraciones.

La vicepresidenta ha asegurado en su comparecencia tras la celebración del Consejo de Ministros que "los equipos están buscando la fórmula jurídica para poder llevar a cabo esa modificación, porque hay que recordar que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía". Ribera ha añadido que "hasta que esta cuestión no se resuelva, es muy difícil avanzar".

Momentos antes, Juanma Moreno ha añadido que tienen "plena voluntad de acuerdo" con el Gobierno y que el interés general "prima por encima de cualquier cosa", por lo que no van a tardar "ni diez minutos" en ponerse de acuerdo para que no haya problemas, ni con Doñana ni con el agua.

De hecho, ambos representantes institucionales han mantenido una conversación en la que Ribera ha confirmado que "me ha manifestado su disponibilidad para modificar esa disposición del decreto ley que pudiera afectar a la Corona Norte de Donaña". A juicio de la titular de Transición Ecológica "no es una señal muy buena que, mientras se intenta reducir la presión sobre Doñana por un lado, se aumente por otro, así que esto es necesario aclararlo"

"Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo, queremos el interés general", ha afirmado Moreno, quien ha dicho que están dispuestos a sentarse con el Ministerio para que les digan "qué no les gusta y modificarlo", para hacer "que ellos se sientan a gusto" con la interpretación del artículo en cuestión. Ha explicado que "no pasa absolutamente nada" con ese artículo y que el Ministerio ha "interpretado" que hay "alguna causa que podría revertir la situación de los suelos", pero la Junta "no está de acuerdo".

Moreno ha agregado que lo ocurrido es que "la representante del Gobierno" hace "una interpretación de un decreto que tiene 500 hojas y que afecta a todas las consejerías, y que es para el conjunto de Andalucía".

🔴 Ya sabemos la urgencia que tenía Moreno Bonilla por aprobar su decreto de simplificación administrativa. Ha intentado colar la ampliación del regadío en Doñana. Es lo que quería ocultar. ▶️ @_JuanEspadas pic.twitter.com/BSHzjvGNjJ

— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) February 20, 2024

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exigido al presidente de la Junta explicaciones tras intentar “colar” en el decreto de simplificación administrativa la ampliación del regadío en Doñana. “Es muy grave que un presidente de la Junta diga una cosa y haga otra. Ayer quedó de manifiesto su insolvencia después de que en un primer momento negara que hubiera un problema, faltando el respeto a quienes denunciamos la situación, para después pedir disculpas al Gobierno de España por faltar al acuerdo y decir que está dispuesto a retirar el texto”, ha denunciado Espadas.

Para el secretario general de los socialistas andaluces, "Juanma Moreno tiene que retirar este cambio normativo presentado a modo de decreto ómnibus y que plantea una reforma low cost del ordenamiento jurídico de Andalucía. No queremos un coladero o puerta falsa que genere problemas de protección de derechos a las y los andaluces".

A su juicio "bajo la excusa de reducir la burocracia, elimina controles preventivos e instrumentos para que la Administración pueda asegurar la seguridad jurídica y la compatibilidad de actividades económicas con la protección del medio ambiente, entre otros". Espadas ha criticado que el presidente de la Junta "pretende convalidar el decreto sin justificar la urgencia, con lo que puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, como ya anunciamos; sin informe preceptivo del Consejo de Gobiernos Locales y sin un mínimo de audiencia a los sectores profesionales afectados. Queremos un proyecto de ley para llegar a un texto consensuado o con un nivel de acuerdo mayor y con más garantías jurídicas".