La juez Mercedes Alaya ha acordado este jueves imponer una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas Alcón, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La fianza impuesta por la instructora coincide con la cantidad solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular, y se corresponde con “los pagos indebidos con fondos públicos” para la financiación de pólizas durante su mandato y los acuerdo de refinanciación de las mismas, precisa la magistrada en el auto dictado tras la comparecencia de Mañas.

La juez Alaya ha imputado a Justo Mañas, que fue viceconsejero entre 2010 y 2012, tres delitos continuados: malversación de caudales públicos, precaricación y omisión del deber de perseguir delitos. En el relato de la imputación, Alaya le reprocha que a su llegada al cargo ya se habían confeccionado en los últimos meses  “múltiples informes que ponían de manifiesto la caótica situación de la dirección general de Trabajo”, en concreto, uno sobre las empresas de Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero; así como otros informes internos de la Dirección de Trabajo sobre las ayudas concedidas a empresas de José Enrique Rosendo y José María Sayago –que obtuvieron 32 millones en ayudas para empresas de la Sierra Norte de Sevilla–, y también existía un informe de Price-Waterhouse de mayo de 2009 sobre el asunto, en los que se contaba que se trataba de muchas ayudas a empresas controladas por estos señores, “que muchas de ellas se habían constituido para recibir las subvenciones” y que no se había observado “procedimiento alguno” para la concesión de las ayudas, “como tampoco se había hecho para las demás en dicha década”, apunta Alaya.

El contenido de estos informes fue trasladado a Justo Mañas, continúa la juez, “pues mucho había que cambiar y muchas decisiones que adoptar en la Dirección General”. Cuando la entonces asesora de Empleo María José Rofa, también imputada, se dirigió al viceconsejero para exponerle los problemas que había encontrado y el contenido de estos informes, Mañas respondía que estaba “acostumbrado a este tipo de situaciones y en tono jocoso le contestó: ¿tengo que ir a la Fiscalía?”, recoge la instructura en el relato de imputación.

Ante estos problemas, Mañas “adoptó” la encomienda de gestión, que venía a sustituir el convenio marco de 17 de julio de 2001, pero según la magistrada “ninguna justificación tenía esa encomienda, que  no sirvió más que para aparentar un cambio que en realidad no se produjo porque no se requirió la fiscalización previa de las subvenciones solicitadas y otorgadas como control de legalidad”.

Y lo que es más grave, que Alaya considera “la guinda del pastel”, es que la encomienda se dictó “a sabiendas de una infracción esencial del procedimiento, pues de conformidad con el artículo 105.2 de la ley de Administración de la Junta, “poco antes del comienzo de su cargo, debía haberse aprobado dicha encomienda con carácter previo por el Consejo de Gobierno al pertenecer la agencia IDEA a la Consejería de Innovación y no a la de Empleo”. En ejecución de esa encomienda, “indiciariamente ilegal”, se tramitaron 101 expedientes de subvenciones en 2010 y otros cuatro en 2011.

Alaya concluye que, además del “uso indebido de fondos públicos”, Justo Mañas que llegó a ser “conocedor” de lo que había acontecido en la Dirección General de Trabajo a su llegada a la misma, “incumplió con el deber legal de poner los hechos en conocimiento de la Justicia desde el conocimiento de la existencia de intrusos recientes”, además de conocer las subvenciones a las empresas del chófer de Guerrero, a las de Rosendo y Sayago, o la subvención a la SAT Virgen del Espino, o en definitiva la ausencia del procedimiento subvencionador, lo que lo convertía en “ilegal y arbitrario”.

La juez ha prohibido a Justo Mañas salir del territorio nacional y le ha obligado a que comparezca cada 15 días en el juzgado porque, “aunque no existe en el presente supuesto riesgo de fuga relevante, no es posible descartar de modo absoluto que el inculpado pueda eludir la acción de la Justicia”. El abogado defensor de Mañas, Miguel Cuéllar, ha negado los hechos y ha afirmado que toda la actuación del ex viceconsejero de Empleo estuvo “avalada” por los informes del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, y ha añadido que la refinanciación de las pólizas fueron aprobadas por el Parlamento andaluz.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias reclamaron una fianza de 7.282.653,31 euros, mientras que la Junta de Andalucía y el sindicato UGT no han solicitado ninguna medida cautelar real. La acusación del PP, por su parte, se mostró a favor de la decisión que adoptara la juez Alaya, que en este caso ha coincidido con la fianza solicitada por las otras acusaciones. Alaya ha requerido a Mañas para que aporte esta fianza en el plazo de un día y, en caso contrario, procederá al embargo de sus bienes.

La juez también había citado a declarar al matrimonio compuesto por Ángeles Sierra García y Carmelo Cruz Porcel, ambos cuñados del conseguidor de los ERE Juan Lanzas y que se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. Ambos fueron incluidos como intrusos en el ERE de Dhul por el que percibieron 183.000 euros a pesar de que nunca habían trabajado en esta empresa, por lo que la juez le ha atribuido delito de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para cada uno que se le imponga una fianza civil de 91.821,18 euros, más el tercio legal correspondiente, mientras que la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias han elevado la petición de fianza civil a 154.000 euros.