Andalucía

Garzón abrirá la fosa de Lorca

  • La tumba donde se encuentran los restos del poeta será exhumada por orden del juez de la Audiencia Nacional · Familiares de otras víctimas enterradas en el mismo lugar piden la máxima celeridad

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Setenta y dos años después de su asesinato, uno de los fusilados más célebres de la Guerra Civil será identificado, si bien sus restos permaneceran en la fosa, tal y como desea su familia. Es Federico García Lorca. Su localización –bien en el Parque García Lorca de Alfacar o en un paraje cercano junto a El Caracolar, en Víznar– pondrá fin a los numerosos bulos, mitos y rumores que circulan sobre su paradero.

Pero aún queda un escollo. Tal y como era previsible, la Fiscalía ha anunciado que recurrirá el auto, argumentando que los delitos prescribieron en 1977 –con la aprobación de la Ley de Amnistía– y que en el momento en el que se produjeron los hechos eran considerados delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.

Pero la oposición del Ministerio Fiscal, según precisa Rafael Gil Bracero, historiador y vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada, “no tiene por qué afectar a la orden de exhumación”, ya que la Fiscalía sólo recurre “la tipificación del delito”, al no considerarlos crímenes contra la Humanidad.

Nieves Galindo, la nieta del maestro republicano Dióscoro Galindo –fusilado y enterrado junto a Lorca el 18 de agosto de 1936– tampoco cree que el recurso de la Fiscalía afecte a la orden, que deberá realizarse con el mayor apremio. No en vano, el auto indica que las diligencias “deberán practicarse “a la mayor urgencia” si el lugar ya está identificado, lo que ocurre en el caso del lugar de enterramiento del poeta granadino más universal.

Apenas había saltado la noticia de la inminente exhumación cuando Galindo canalizaba todo su esceptismo y lo transormaba en pura emoción, dando rienda suelta los sentimientos contenidos en las últimas semanas: “Por fin cumplo mi sueño. Se lo debo a mi padre; por toda la pena que pasó y porque siempre tuvo la certeza de que mi abuelo estaba en Víznar, junto al olivo. Ahora voy a poder demostrárselo aunque él ya no esté aquí conmigo”.

“Satisfecha” y “feliz”, al tiempo que “apenada” por la ausencia de sus padres, la nieta del fusilado mostró su confianza en que la oposición de la Fiscalía no afecte a la exhumación y celebró la respuesta que ha tenido su solicitud, registrada hace un mes en la Audiencia Nacional, con el deseo poder exhumar los restos de su abuelo –que descansa junto al poeta y a los banderilleros republicanos Francisco Galadí y Joaquín Arcollas– a efectos de enterrarlo en Pulianas.

El periodista Francisco Vigueras, el hispanista Ian Gibson y miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada se personaron con Galindo en el juzgado número 5. Ninguno de ellos dudaba entonces de la competencia del juez para investigar las desapariciones, si bien, tras conocer ayer el pronunciamiento no escatimaron halagos.

Además, Gibson señaló que “pase lo que pase , la noticia ya es mundial”, de modo que calificó la jornada de ayer de “día histórico”. “Por fin se va a hacer justicia con un bando que ha tenido un sufrimiento terrible y que ha visto morir a mucha gente sin saber dónde están. Las desapariciones son inconcebibles para cualquier cristiano”, sentenció.

Respecto a la oposición de la Fiscalía, el irlandés lamentó que esta, tal y como “era de prever”, no piense que “hubo una política de exterminio acordada previamente”, tal y como, bajo su punto de vista, “queda patente con numerosas pruebas, testimonios y documentos que yo mismo he investigado”.

Por su parte, el presidente de la asociación, Francisco González, calificó de “absoluta justicia” la decisión del juez, al considerar que “en su sensibilidad ha entendido el deseo de los familiares de desenterrar a sus seres queridos, un anhelo muy legítimo”.

Respecto al reclamo que Garzón hace al Ministerio del Interior para que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 –con el objetivo de acordar lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento–, González recordó que “no se puede imputar un delito a un fallecido”, a la vez que valoró que “tampoco se puede descargar sobre los que aún vivan toda la justicia, ya que no tienen que pagar por todos”.

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