Andalucía, sostiene Montero, está instalada en la zona baja de la tabla de comunidades con menos financiación por habitante. Es la quinta por la cola, sólo por delante de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares. La Junta destaca este hecho en el informe remitido ayer al Comité Técnico Permanente de Evaluación del CPFF como el paso previo que deben dar todas las comunidades antes del debate para un nuevo modelo de financiación.

Algunas se han lanzado a la carrera. Y el Gobierno de Susana Díaz no está dispuesto a participar en lo que considera una "carrera sobre balanzas fiscales a la carta" que pueden provocar "agravios" entre las comunidades, tal y como definió ayer ese proceso abierto la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que confió en que las nuevas balanzas fiscales que está promoviendo el ministerio de Montoro sirvan para eliminar "algunos mitos", como el de otros supuestos agravios territoriales que no mencionó. Lo que demandó la consejera fue "un análisis serio, riguroso y metodológicamente impecable sobre los efectos reales del modelo para sacar conclusiones válidas para los próximos años y no perdernos en el terreno de balanzas fiscales a la carta". De cara al debate del viernes sobre las cuentas tereritorializadas Montero cree que el enfoque carga-beneficio utilizado "es sin duda más apropiado que otras alternativas".

La consejera aprovechó su comparecencia para pedir al Gobierno central es que ejerza su liderazgo en el debate sobre la reforma fiscal y que resuelva el "gravísimo" problema de ingresos que padece el país, con diez puntos porcentuales por debajo de la media de recaudación tributaria de los países europeos.