El juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla está investigando a cuatro agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, la conocida popularmente como Policía Autonómica, por presunto cobro irregular de gastos de kilometraje y dietas. Los cuatro agentes formaban parte del dispositivo que viajaba con regularidad a Madrid para recoger la metadona que luego se reparte a los drogodependientes en los centros de salud de Andalucía. Ese transporte lo hacen funcionarios de la Consejería de Sanidad, que acuden a recoger la metadona a Sanidad Exterior, y la vuelta se hace con escolta policial. Eran estos cuatro policías los que solían desempeñar ese servicio desde hace años, según informaron a este periódico fuentes del caso.

La presunta irregularidad vendría porque el viaje se hacía en vehículos oficiales camuflados de la unidad adscrita, pero sin embargo luego los policías pasaban los gastos de kilometraje como si hubieran hecho el trayecto en sus coches particulares, cobrando así un dinero que no les correspondía. También se investiga si percibieron dietas simulando que habían pernoctado en hoteles cuando podrían haber ido y vuelto en el mismo día. No ha trascendido la cantidad que podría haber sido defraudada en total, pero sí que era una práctica habitual de estos funcionarios durante años. La investigación se ha ceñido al menos a tres años, si bien se cree que era una forma de actuar desde hace por lo menos una década.

Los cuatro agentes estarían investigados no sólo por el presunto fraude en el cobro irregular de dietas y kilometraje, sino también por una presunta falsedad documental a la hora de justificar los supuestos gastos. Los cuatro agentes que están bajo sospecha son policías nacionales destinados desde hace años en la unidad adscrita a la Junta, un grupo cuyo personal depende del Ministerio del Interior pero que orgánicamente asume las competencias del gobierno autonómico en materias como protección de menores, lucha contra el juego ilegal o el control de espectáculos públicos y la reventa de entradas o el medio ambiente, entre otros asuntos.

Uno de los investigados es oficial y los otros tres policías. Todos ellos siguen trabajando y continúan en sus puestos (el oficial en el grupo de protección a los menores y los otros tres en la unidad de coordinación), sin que la Jefatura de la Policía Autonómica haya tomado, por el momento, ninguna medida disciplinaria contra los cuatro imputados.

Los cuatro funcionarios declararon el pasado jueves como investigados ante el juez de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, el mismo magistrado que está llevando el mediático caso del robo en la casa de María del Monte. Antes de que el caso llegara al juzgado, hubo una investigación de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con agentes venidos especialmente desde Madrid para realizar las pesquisas del presunto fraude. Durante el curso de esta investigación, se tomó declaración a varios policías de la misma unidad como testigos. Estos agentes también están citados ya para los próximos días para que corroboren sus testimonios ante el juez que dirige el caso.

La investigación interna de la Policía Nacional surgió de forma casual, cuando uno de los agentes destinados en la unidad adscrita de Sevilla coincidió en un entierro con una funcionaria de la Consejería de Salud e intercambiaron una serie de comentarios, en los que ella daba a entender que los agentes iban con sus coches particulares a Madrid cuando el policía sabía que los vehículos que se empleaban eran los oficiales. A raíz de ahí se abrió una investigación interna, de la que tienen conocimiento los más altos mandos de la unidad, con el comisario jefe, Antonio Burgos, al frente.

Fuentes del caso indicaron a este periódico que varios de los policías que han declarado como testigos han sufrido una serie de castigos y lo que consideran prácticas de acoso en el seno de la unidad. A uno de ellos, por ejemplo, ya le han comunicado que no le renuevan en la Policía Autonómica y volverá a la plantilla de la Policía Nacional. La unidad adscrita es un destino apetitoso para los agentes porque se perciben unos complementos salariales que el resto de policías no tienen.

Además, llama la atención que no se renueven a policías cuando la unidad padece una alarmante falta de personal, como el propio consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha denunciado varias veces tanto en público como por cartas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En estas misivas, Sanz llegó a utilizar el término "colapso" para referirse a una plantilla que está al 50% de su dotación. El pasado mes de septiembre, por ejemplo, la Junta exigió al Gobierno central un refuerzo de 125 policías para la unidad adscrita.

Entre los testigos hay policías que han sufrido la rotura de su taquilla, a los que han retirado el arma reglamentaria en más de una ocasión y que han sufrido crisis de ansiedad, a los que se les han activado protocolos antisuicidios y se les ha enviado a la psicóloga mediante visitas obligadas. Otro policía tuvo que salir de la unidad tras sufrir una serie de coacciones, después de que elevara por escrito el caso a la Jefatura de la misma.