La Junta de Andalucía aprobará antes del 31 de diciembre de este año la fórmula que permitirá a los contribuyentes con más de 3,7 millones decidir si tributan en esta comunidad o en España tras desestimar el Tribunal Constitucional el recurso de Andalucía contra el impuesto del gobierno central a las grandes fortunas.

En declaraciones a los periodistas antes de un acto, la consejera de Hacienda, Carolina España, ha explicado que están estudiando la "formula técnica para que esos contribuyentes puedan decidir si tributan en Andalucía o en la Agencia Tributaria estatal" y ha indicado que tiene que estar aprobada antes de finales de 2023.

Ha recordado que hace un año el Ejecutivo andaluz bonificó al cien por cien el impuesto de patrimonio para los que tributan por más de 700.000 euros de patrimonio y "como consecuencia el gobierno estableció el impuesto a las grandes fortunas para los que tengan más de 3,7 millones".

La Junta presentó un recurso por invasión de competencias de la autonomía financiera y este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas, como ya hiciera el pasado día 6 con el presentado por la Comunidad de Madrid.

España ha justificado que el Gobierno andaluz interpusiera este recurso "porque entendíamos que era una invasión clara de competencias, de nuestra autonomía financiera", antes de reconocer que este jueves el Constitucional "le daba la razón al gobierno".

El Gobierno andaluz introdujo la bonificación al 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, que recaía sobre los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 700.000 euros, a través del Decreto-ley 7/2022, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el 22 de septiembre.

El Gobierno andaluz justificó el uso del Decreto-ley porque, en caso contrario, "conllevaría una demora de un año en su aplicación por los contribuyentes andaluces, es decir, hasta la declaración correspondiente al ejercicio 2023, a efectuar en 2024, siendo tal consecuencia indeseable y contraria al objetivo principal de la norma consistente en paliar los efectos de una crisis ya existente".

El Estado introdujo a través de la Ley 38/2022 la creación del Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que entró en vigor el 28 de diciembre.

El Gobierno andaluz previó en la prórroga del proyecto de Presupuesto para 2022 unos ingresos de 103 millones de euros por el Impuesto sobre el Patrimonio, último ejercicio antes de su bonificación al 100%.