El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha defendido el borrador de decreto de viviendas de uso turístico, que modificará a su vez al vigente de 2016, por considerar que este último "nació deficitario en sus expectativas y eficacia" en la regulación de lo que ha descrito como "un fenómeno novedoso: el crecimiento exponencial de la vivienda turística en Andalucía". Bernal ha abogado, frente a la estrategia de "vamos a prohibirlo todo", por "también podemos regular".

El consejero ha situado la contribución del futuro decreto de viviendas de uso turístico en "habilitar a los ayuntamientos" para que éstos tengan "la capacidad para limitar o potenciar las viviendas de uso turístico", que deben apelar al interés general conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a lo que ha sumado "la profesionalidad en la gestión" de la vivienda con el propósito de "evitar el potencial fraude" por situaciones de alegalidad, que ha atribuido a que "el decreto vigente es deficiente", la potestad a las comunidades de propietarios para que prohiban en sus edificios de inmuebles de uso turístico y, por último, la protección de los consumidores.

En el caso de las comunidades de propietarios impedirán que un inmueble se dedique a uso turístico una mayoría de tres quintos de los propietarios y no tendrán efecto retroactivo para las viviendas regladas ya inscritas en el Registro de Turismo. Tras asegurar que el futuro decreto se ha abordado con los sectores objeto de regulación, Bernal ha blandido la potestad que se otorgará a los ayuntamientos para "la planificación y ordenación turística", mientras que ha explicado que las sentencias contrarias a los municipios que se habían adentrado en acotar el uso de la vivienda turística se explica porque invadían competencias de las comunidades, así como ha reivindicado que "la limitación al acceso de un ejercicio liberalizado debe ser proporcionado".

El consejero de Turismo ha reprochado al Gobierno que "ha perdido una oportunidad de libro" de regular también la vivienda de uso turístico a través de dos instrumentos como la Ley del Derecho a la Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que ha indicado que habrá un periodo de adaptación de un año para que los propietarios de viviendas turísticas se adapten a los nuevos requisitos del futuro decreto, para precisar que de no hacerlo "serán suprimidas del Registro".

El borrador de la norma contempla que tanto personas físicas como jurídicas sean propietarias de viviendas turísticas, que podrán tener dos viviendas o más, respectivamente, así como se crea la figura de las empresas gestoras de viviendas turísticas.

Posición de los grupos políticos

El parlamentario del PP Francisco Javier Oblaré ha proclamado "el trabajo profundo" de la Consejería frente a lo que ha definido como "una moda que está aquí ya", mientras que ha apelado a "no confundir las viviendas reguladas, hay un registro, están dadas de alta en Hacienda, con las alegales", así como ha señalado a Andalucía como una de las comunidades con mayor presencia de viviendas turísticas, junto con Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid. 

La diputada del PSOE-A Isabel Aguilera ha subrayado que, "más que oportuno", es "apremiante" que desde el Gobierno andaluz "comiencen a ejercer las competencias que en materia de turismo le asigna el Estatuto" de autonomía para "actualizar la regulación de esta tipología" de alojamientos, y al respecto ha defendido que existe una "importante demanda" ciudadana que emplaza al Ejecutivo de Juanma Moreno a que "clarifique cuál es su postura en relación a la proliferación de viviendas de uso turístico".

"No pueden seguir actuando como meros convidados de piedra", ha lanzado la diputada del PSOE-A al Gobierno andaluz, ante el que ha defendido que la explotación de viviendas de uso turístico tiene aspectos positivos para la actividad económica, pero "no todos son ventajas", ya que provoca también una "disminución y encarecimiento en la oferta de vivienda residencial de larga temporada", y en esa línea ha insistido en emplazar a la Junta a "actuar en ejercicio de sus competencias", tras lo que ha lamentado que el Ejecutivo del PP-A "sigue mirando desde la barrera" un "toro difícil de lidiar" como el fenómeno de las viviendas de uso turístico, a tenor de lo que contiene el decreto sometido a información pública, según ha finalizado.

El parlamentario de Vox Ricardo López Olea, por su parte, ha reprochado al consejero de Turismo que "se lava las manos como Pilatos" en relación a un tema "preocupante" cuya problemática el Gobierno de Juanma Moreno "lanza a los ayuntamientos", según ha criticado el diputado. En esa línea, ha advertido de que Vox "no está de acuerdo" con ese posicionamiento, partiendo de la base de que rechaza que se promueva "una legislación autonómica sobre un problema estatal" que, en su opinión, "corresponde a la unidad de España" abordar, porque "se está produciendo en muchos sitios", y ante el que "no podemos dar soluciones diferentes" en el mismo país, según ha incidido antes de concluir que, por ello, Vox se opone a trasladar "al ámbito municipal un tema general" como, en su opinión, pretende el Ejecutivo del PP-A.

Esperanza Gómez ha reprochado al consejero que en su regulación de la vivienda turística "se olvida de una competencia estatutaria muy importante sobre la vivienda", tras precisar que el Estatuto de Autonomía contempla como un derecho "el uso racional del suelo", por cuanto ha advertido de que nos encontramos ante "un fenómeno especulativo", ya que "las viviendas son las que son".

"El alojamiento es una actividad económica que se quiere profesionalizar", ha sostenido la portavoz adjunta de Por Andalucía, quien ha advertido de la contradicción del futuro decreto con la Ley de Vivienda de Andalucía de 2010, que reclama "destinar el bien al uso habitacional", además de que ha lamentado que baste con una declaración responsable para iniciar la actividad de un inmueble turístico. Esperanza Gómez ha augurado que se va a propiciar con esta regulación "una casuística increíble en los tribunales de justicia" y se ha lamentado que se "consolide un modelo de descontrol de la vivienda".