Las falsas prejubilaciones detectadas en las ayudas sociolaborales concedidas en expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta se han convertido en uno de los temas principales de conflicto entre los dos principales partidos del país, si no el mayor. Hasta cinco altos dirigentes de PSOE y PP se cruzaron ayer declaraciones sobre las acusaciones de los ERE, lo que vino a dar continuidad a la bronca política vivida en el Parlamento en el Pleno celebrado el miércoles y jueves.

La nota más estridente y que provocó la respuesta airada del PSOE la originó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien en un acto en Almería afirmó que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está "implicado personalmente en los ERE podridos", porque conocía la "práctica corrupta". González Pons consideró además que Griñán debería dimitir por oponerse a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Para el dirigente popular, Griñán conocía los "ERE podridos y las jubilaciones podridas" desde el año 2005, cuando se lo comunicó la Intervención General de Hacienda. Este organismo fiscalizador de la propia Junta emitió hasta tres informes, no vinculantes, en los que desaconsejaba el procedimiento por el cual se otorgaban estas ayudas, mediante una transferencia de fondos desde la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía, después Idea. Uno de los informes es de 2005 y Griñán era consejero de Economía y Hacienda desde 2004.

González Pons aseveró que Griñán "probablemente" no ordenó un ERE, ni colocó a un amigo para que se beneficiara de una jubilación, ni tampoco aparecerá como trabajador beneficiado en ningún ERE, "aunque nada pueda garantizarse a estas alturas". "Pero sin ninguna duda tenía conocimiento de que con el dinero de los parados se estaban repartiendo jubilaciones de lujo a los amiguetes del PSOE", insistió.

El grosor de las declaraciones de González Pons hizo reaccionar de inmediato al secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica socialista, Gaspar Zarrías, número tres de la cúpula socialista.

Zarrías pasó a la ofensiva y afirmó que González Pons es "el cabecilla de los que intentan tapar la porquería que la trama Gürtel ha sembrado en el PP, especialmente en el de Valencia, que él conoce bien". Zarrías afirmó en un comunicado que "es cierto que Griñán está comprometido personalmente, pero comprometido en la clarificación de lo ocurrido en los casos de los expedientes de regulación de empleo irregulares, que por cierto la Junta de Andalucía en su momento denunció ante los tribunales". Horas más tarde, la secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz, exigió a González Pons que rectificara y anunció que, de lo contrario, los socialistas estudiarán presentar una querella judicial.

Más liviano estuvo en su intervención en Osuna el presidente del PP, Mariano Rajoy, que anunció que su partido llevará al Tribunal de Cuentas el caso ante la "negativa" del Gobierno andaluz a dar explicaciones y a aceptar una comisión de investigación.

En la misma línea, el presidente del PP-A, Javier Arenas, adelantó que su partido va a convertir cada sesión plenaria en una comisión de investigación sobre las irregularidades con un sinfín de iniciativas. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también aseguró que su partido hará "lo posible" para que se conozca "la verdad".

Hasta las declaraciones de González Pons la actitud del PSOE se había orientado más hacia la defensa. El portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, dijo a los periodistas en Huelva que en su opinión el Gobierno andaluz merece un "10" en materia de "transparencia y persecución de irregularidades" y el PP un "0" en su capacidad de ejercer la oposición, al no ser capaz de fiscalizar los asuntos de gobierno. Jiménez puso en valor la "transparencia, claridad, eficacia, honestidad y altura" de la Junta y acusó a Arenas de verter "diez mentiras en una semana" en relación a las irregularidades, lo que provocó la respuesta de la portavoz del PP, Rosario Soto, en defensa de Arenas. En esta vorágine de declaraciones cruzadas también entraron dos consejeros, los de Empleo, Manuel Recio, y Gobernación y Justicia, Luis Pizarro. Este último criticó que "no ha habido ni un solo presidente de ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP que haya aceptado ninguna comisión de investigación", en referencia a las peticiones frustradas de PP e IU.

Pizarro justificó la negativa en el argumento de que Arenas pretende una comisión de investigación sobre los ERE "para seguir difamando, calumniando y mintiendo día a día descaradamente".