El Parlamento de Andalucía, no debatirá hasta después de Semana Santa la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud durante la pandemia presentada por el grupo socialista en la Cámara andaluza. Según figura en el texto publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) consultado por este periódico, este tipo de contratos de emergencia se han extendido hasta el día de hoy con un "uso presuntamente irregular de este tipo de contratación, lo que comprometería el gasto público".

El texto de la solicitud de la comisión de investigación afecta a "los ejercicios de 2020 a 2023" y pretende "analizar si las referidas contrataciones han servido para reducir las listas de espera, se han ajustado al marco normativo vigente y se se ha producido una gestión adecuada de los recursos públicos de la Junta de Andalucía" o por el contrario "se ha comprometido el gasto público y la generación de obligaciones de la Junta".

Según el Reglamento del Parlamento andaluz, una vez publicada en el BOPA la solicitud de comisión de investigación, se abre un plazo en el que se da a los grupos siete días para oponerse a la misma, algo que hará previsiblemente el PP, ya que de lo contrario "se entenderá creada", de lo que "el presidente del Parlamento dará cuenta al pleno de la Cámara". Se producirse este pronunciamiento en contra, el pleno "decidirá tras un debate a la totalidad, rechazándose su creación si se opone la mayoría de los miembros del Parlamento".

El coordinador de Presidencia del Grupo Socialista, Rafael Márquez, ha puesto esta mañana cifras a este tipo de contratos. Así, de los expedientes que el PSOE-A ha podido analizar, se constata que hay intervenciones como la colecistomía laparoscópica que presenta diferencias de precio respecto a la tarifa vigente de entre 176 a 425 euros por operación, lo que supone un posible sobrecoste durante todo 2021 de entre 517.968 euros y 1.250.775 euros, ya que ese año se produjeron 2.943 intervenciones de este tipo.

Igualmente, el PSOE-A ha alertado de un posible sobrecoste de entre 1.331.085 euros y 1.511.493 euros en los procesos de sustitución de cadera (en 2021 se realizaron 1.290 intervenciones y la diferencia de precio por operación, sin la prótesis, oscila entre 1.036 y 1.171 euros), o de entre 7.157.244 euros y 7.753.240 euros en las intervenciones de sustitución total de rodilla (teniendo en cuenta que se concertaron 4.405 intervenciones en 2021 y las diferencias aplicadas en contratación de emergencia y la tarificación vigente, también sin la prótesis, es de entre 1.624 y 1.760 euros).

Todo ello ha servido a los socialistas a deducir que "la Junta ha mantenido procedimientos extraordinarios de emergencia sin concurrencia", es decir, a dedo, así como sistemas tarifarios para determinadas intervenciones quirúrgicas que suponen un posible “sobrecoste” respecto a las tarifas vigentes.

"No estamos hablando sólo de contrataciones arbitrarias sino que, además, y es tremendamente grave, tenemos la seria sospecha de que el posible sobrecoste de estas intervenciones ha beneficiado a empresas privadas al margen de la ley. Y esto exige una investigación", ha sentenciado Márquez tras reprochar al PP-A que no haya aceptado la comisión de investigación registrada el pasado lunes por el PSOE-A y pedirle que "reconsidere" su decisión.

En cualquier caso e independientemente de cuándo se produzca el debate, la creación de la comisión de investigación será rechazada con los votos del PP si se cumple lo señalado la semana pasada por su portavoz en el Parlamento andaluz. Toni Martín, señalaba que "no tiene sentido respaldarla" y recordó que "ya fue rechazada otra similar de Adelante Andalucía porque los grupos pueden solicitar toda la información que deseen". A su juicio, esta petición "responde al nerviosismo del PSOE por el caso Koldo", un partido que "está en caída libre en las encuestas con una escasísima representación social".

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva y parlamentaria socialista, María Márquez, adelantaba que "llegaremos hasta donde haga falta para investigar estas contrataciones. Que el PP haya dicho que la rechaza, nos lleva a pensar de que vamos por el buen camino; si no tuvieran nada que esconder, no tendrían ningún problema por votar a favor"