Pues sí. Al final se atrevieron a hacerlo. Sin ellos. Sin los boticarios. La consejera de Salud, María Jesús Montero, presentó ayer un proyecto de decreto de medidas urgentes en materia farmacéutica que inaugura en España la licitación de medicamentos en el gran mercado de la receta pública, el que se mueve fuera de los hospitales, en las consultas de los centros de salud. La previsión de Montero es que el decreto esté en el BOJA, tras su trámite parlamentario, en octubre. E iniciar de inmediato la subasta, al mejor postor, de tres de los medicamentos (subgrupos terapéuticos) más consumidos por los pacientes protegidos por la sanidad pública: antiagregantes plaquetarios, protectores gástricos y estatinas. El laboratorio adjudicatario será el suministrador del SAS y su producto será el que dispensen los boticarios cuando el paciente llegue a la botica con una receta con indicación de prescripción por principio activo (sin marca). Ese tipo de recetas suman ya el 85% de las emitidas por los médicos de los centros de salud autonómicos. El SAS espera obtener en un año con la licitación de las tres moléculas mencionadas un ahorro de unos 40 millones de euros. En su máximo despliegue, esta estrategia supondría un ahorro de unos 200 millones.

Esa propuesta servirá sin duda para reforzar el proyecto de presupuestos de la Junta del año que viene. Sin embargo, independientemente de cuándo y cómo se dirima la contienda electoral que está por venir, la medida está pensada para cabalgar por encima de las legislaturas y de las diferencias políticas. Las comunidades autónomas van a defender sus prerrogativas de gobierno a pesar de las inercias recentralizadoras en boga: una manera de hacerlo es hacerse viables desde el ahorro interno. Eso es lo que ha hecho Galicia, del PP, con su catálogo de medicamentos, y es lo que ha hecho Andalucía, del PSOE, con su política de prescripción de principio activo, de la que este proyecto de decreto se entiende como una continuación. El decreto incide además en la definicion de todo un modelo de comportamiento profesional, el de los boticarios como expertos en una tecnología muy complicada llamada medicamento al servicio de los ciudadanos. Ésa es una de las claves que explican la aparición en el decreto de un fondo destinado a ayudar a determinadas oficinas de farmacia: las ubicadas en poblaciones pequeñas, aisladas y de población dispersa. Equiparando a los titulares de esas boticas a los farmacéuticos de distrito del SAS en ese apoyo retributivo.

La Junta venía hablando de las subastas con los colegios de farmacéuticos, representantes profesionales de las farmacias, desde hace casi un año; pero, al final, lo que ese decreto contiene, para ellos, de inseguridad jurídica y merma de beneficios, ha impedido que los farmacéuticos fuesen socios de la Junta. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), cuyo presidente, Manuel Arenas, firmó ayer el nuevo concierto general que encuadra las relaciones de las farmacias y el SAS, expresó su "desacuerdo" con el decreto, en continuidad con la línea argumental del Cacof de cuestionamiento de la base legal de la idea. La Junta abre ahora una vía para obtener ahorros adicionales en una partida que supone anualmente unos 2.000 millones, a costa del poder de identificación de la presentación comercial concreta del principio activo indicado en la receta del SAS, potestad hasta ahora de los farmacéuticos. Entre otras ventajas, eso suponía la posibilidad de dejarse querer, dentro de la ley (10% de bonificaciones), por parte del proveedor de la botica. Eso, ahora, sin tocar precio ni márgenes, se lo lleva el SAS.

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