Dos años de cárcel por permitir las faltas a clase de su hija. Esta es la sentencia que dictó el pasado 12 de enero el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba a unos padres acusados de un delito de abandono de familia. La niña, una menor con retraso y en edad de escolarización obligatoria, registró desde el curso 2003/2004 hasta el 2005/2006, 289 faltas de asistencia de las que sólo 35 estaban justificadas.

La vía judicial es el último recurso -sólo en tres o cuatro ocasiones ha actuado la Fiscalía del Menor- una vez agotados los mecanismos previstos en el plan integral contra el absentismo escolar, una hoja de ruta desarrollada mediante una orden de 2005 en la que actúan en conjunto desde los propios centros y los padres de los alumnos a las administraciones -autonómica, provinciales y locales- y también ONG.

El punto de partida es determinar cuándo se produce un caso de absentismo. Teniendo un mes como marco temporal, el alumno absentista es el que falta a clase de manera injustificada cinco días en Primaria y veinticinco horas en ESO, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.

Y la rueda empieza a girar mientras los agentes educativos tratan de ponerle freno. Cuando el tutor detecta un caso en un alumno, contacta con la dirección del centro y con los familiares para evitar la situación. De no ser posible, se busca la comunicación con la familia "para tratar problemas, ver las causas, adoptar medidas y establecer una actuación conjunta", explican en la Consejería. El caso puede parar aquí pero, ¿y si la familia no colabora?

Entonces, el problema trasciende del ámbito educativo y deviene en algo más grave. La falta de respuesta del entorno más cercano del alumno absentista "generalmente viene acompañada de circunstancias sociales desfavorables o de familias desestructuradas", mantienen en Educación. Esta raíz social que provoca dar la espalda a la enseñanza es "la de más incidencia, la que más se trabaja y la que más nos preocupa", indican fuentes de la Oficina del Defensor del Menor. A través de un seguimiento constante del problema materializado en informes sucesivos desde 1998, la institución coincide en el análisis y apunta circunstancias como "el alcoholismo y la falta de dinero en zonas concretas de algunos municipios". No obstante, la Oficina cita otros dos tipos de absentismo: los derivados de trastornos de conducta entre alumnos "rebeldes para acatar las normas" y aquellos que sencillamente no quieren acudir a clase y tienen padres permisivos.

El que una familia sea responsable y esté concienciada o no del valor fundamental de la educación, abre la brecha entre la desigual incidencia del problema entre los centros públicos y los privados o concertados. Rafael Caamaño, secretario general de la Federación andaluza de centros de enseñanza privada, destaca la intensidad del sistema de relación con las familias en su ámbito, donde "habitualmente se las recibe una vez al mes". Según Caamaño, gracias a esta comunicación constante y a la introducción de métodos de aviso inmediato de faltas sin justificar por el teléfono móvil o por la web, la incidencia del absentismo en estos centros no es significativa.

Cuando esta fluidez falla, el plan integral prosigue y eso supone en primer lugar que el caso se deriva a un equipo técnico que en colaboración con los servicios sociales -comunitarios o municipales- tratará de hacer volver al alumno al redil con análisis individualizados. Cuando la realidad es obstinada y todo lo anterior sigue sin dar frutos, la comisión municipal de absentismo será la encargada de tomar las medidas oportunas a través de un protocolo de actuación.

La Justicia es el último cartucho y puede suponer la cárcel, como en Córdoba.