La Comisión Europea ha abierto este miércoles una investigación exhaustiva para evaluar la propuesta de adquisición de Air Europa por el ‘holding’ IAG, matriz hispano-británica de Iberia, ya que alberga dudas sobre el impacto de la fusión en la competencia comunitaria.

Según la investigación preliminar de Bruselas, la operación podría disminuir la competencia en el mercado de los servicios de transporte aéreo de pasajeros en varias rutas nacionales, de corta distancia y de larga distancia.

La Comisión ha concluido que la operación podría afectar a rutas nacionales españolas, sobre todo a aquellas en las que el tren de alta velocidad no ofrece una alternativa, así como a las rutas entre la península y las islas Baleares y Canarias.

También advierte de una disminución de la competencia en rutas entre Madrid y algunas de las principales ciudades del Espacio Económico Europeo, y en aquellas que conectan la capital española con destinos como Israel, Marruecos, Reino Unido y Suiza, en las que ambas partes ofrecen una conexión directa.

Asimismo, podrían verse afectadas algunas rutas de larga distancia entre Madrid y América del Norte y del Sur, en las que ambas partes ofrecen una conexión directa y se enfrentan a la competencia de solo unos pocos competidores con conexión sin escalas.

Durante su investigación exhaustiva, la Comisión analizará si la sólida cartera de franjas horarias de las partes, en particular en el aeropuerto de Madrid-Barajas, podría dificultar la prestación de servicios aéreos por otras compañías aéreas, además de efectos probables de la operación en las conexiones indirectas, como en las rutas de larga distancia hacia América del Sur, en las que las conexiones sin escalas son limitadas.

También evaluará los efectos probables de la operación en las rutas en las que otras compañías aéreas dependen del acceso a la red nacional y de corta distancia de las partes para sus propias operaciones, lo que podría afectar a sus servicios a destinos internacionales también explotados por IAG. La operación se notificó a la Comisión el 11 de diciembre de 2023, por lo que el Ejecutivo comunitario dispone actualmente de 90 días hábiles, hasta el 7 de junio de 2024, para adoptar una decisión, aunque también en este caso tendrá opción de parar el reloj con prórrogas de entre 15 o 20 días hábiles.