El cambio de modelo productivo y la necesidad de lograr la reactivación de la economía española suponen un estímulo en la búsqueda de soluciones que cambien los paradigmas actuales. Una de las herramientas para estimular la economía es la Compra Pública Innovadora (CPI), un mecanismo por el que la Administración Pública puede promover la innovación empresarial y dar respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos. El compromiso de las administraciones es que la CPI tenga un peso del 3% en la contratación pública, lo que supondría cerca de 4.900 millones de euros para I+D+i.

En esa búqueda de respuestas a los retos de la economía española, expertos de la Administración pública y de la empresa privada se han reunido en el Comité Técnico Sectorial sobre Compra Pública Innovadora organizado por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y Grupo Consea.

Tal y como destacó al inicio de la jornada el director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez, "la compra pública de tecnología innovadora es un mecanismo poco conocido y utilizado en España, incluso en el ámbito empresarial", por el que la Administración pública puede licitar la adquisición de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra en el mercado, pero que puede conseguirse en un tiempo razonable y, además, requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada.

En este proceso, las administraciones públicas actúan como primeros clientes, facilitando el desarrollo conjunto y la implantación pionera de nuevas soluciones que mejoran muy notablemente los servicios públicos. "Estamos ante un instrumento de mejora combinada de la competitividad del sector público y del privado con notables sinergias", apuntó Carlos García, responsable técnico sectorial de CTA.

"Es un instrumento para acometer mejoras gracias a la innovación, ya que minimiza los riesgos y es globalmente ventajoso", explicó García, quien también reveló los riesgos que implica la CPI, como la necesidad de gestionar bien los hitos y los precios.

Por su parte, Francisco Fernández, director gerente del Grupo Consea, explicó a los asistentes los fundamentos legales que conlleva la CPI, ya que, a su juicio, "ha nacido un nuevo sistema de contratación". Fernández explicó que la compra pública innovadora "se va a convertir de manera inmediata, a través de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (que se prevé se apruebe en los próximos meses), en una forma de contratación más habitual, ya que se regula como contrato típico, por lo que las empresas y administraciones forzosamente tendrán que manejarlo". Para Fernández, "el acceso a los mercados está cambiando, ya que ahora uno de los clientes de las empresas va a ser la Administración pública".

En su apuesta por este nuevo modelo de negocio, sobre el que David Páez aseguró que "hay un gran interés tanto por parte de la empresa como de la Administración", la jornada contó con represantes de varias empresas que expusieron casos de éxito reales.

Alicia Yanes, de Serviport Andalucía, Diego Pozas, gerente de la Fundación Medina, el jefe de Servicio de I+D+i de OHL Construcción, Miguel Amérigo y el coordinador del proyecto CPI Mecaolivar y catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba, Jesús Gil Ribes, explicaron a los asistentes sus experiencias con este nuevo modelo de compra pública.

Uno de los casos expuestos durante el comité, fue el correspondiente a la Fundación Medina, un consorcio público-privado entre MSD España, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, que a través de la inversión en I+D, ha creado una plataforma de biomarcadores en cáncer, entre otros proyectos. Diego Pozas, gerente de la Fundación ha abogado por la colaboración público-privada como modelo de negocio: "Compartimos objetivos comunes, puesto que ambos queremos dar respuesta a las necesidades de la sociedad, en nuestro caso, alguien subcontrata nuestra investigación para la búsqueda de fármacos, pero al final va a ser el servicio público de salud el que le va a dar uso".

Por su parte, Alicia Yanes, de Serviport Andalucía, explicó su experiencia con la CPI con el proyecto Tecnoport, en el que colabora la Universidad de Sevilla y que ha permitido aplicar resultados de I+D+i en el Puerto de Sevilla para automatizar la gestión del tráfico portuario. Por ejemplo, han creado, entre otros, sistemas que permiten conocer en todo momento dónde están los contenedores que llegan al puerto, su temperatura o humedad interior. "Participar en un proceso de compra pública innovadora es todo un desafío", concluyó Yanes.