El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social. Según la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, este plan aportará ingresos de 1.000 millones de euros hasta 2013.

La iniciativa incorpora instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y prevé la creación de bases conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información. Además, reforzará la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble inspección, la participación en programas europeos de intercambio de información y el impulso de una red europea de lucha contra el fraude. El Gobierno se ha propuesto también que se impliquen los agentes sociales y económicos en la lucha contra el fraude, para lo que se extenderán los llamados acuerdos de intercambio de información con organizadores sectoriales.

Las inspecciones se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se indentifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte actividad o indicios de comercio irregular y contrabando.

Además, el Gobierno contempla la creación de una Comisión Mixta entre Agencia Tributaria, Seguridad Social e Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación en expedientes de especial magnitud y procesos concursales.