El número de empleos públicos en todas las administraciones españolas se ha reducido en un 16,5 por ciento, hasta los 2.795.000 trabajadores, lo que supone caer a niveles del segundo trimestre de 2004, según fuentes del Ejecutivo. Es una de las consecuencias de la reforma de la administración que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está llevando a cabo y que el propio presidente del Gobierno explicará el lunes en una jornada internacional que reunirá a ministros de Francia, el Reino Unido, Italia, Portugal y Polonia.

La reforma ha supuesto un adelgazamiento de las administraciones públicas -estatal, autonómica y local- que ha situado el número de empleados públicos en niveles de 2004, un 16,5 por ciento por debajo del punto más elevado, más de tres millones, alcanzado en 2011, según las fuentes. Esta reforma -que el Ejecutivo califica de "revolucionaria" no sólo por el ahorro que va a suponer a las arcas públicas sino por la modernización de los métodos de gestión y la relación entre administración y ciudadano- conlleva un control "mucho más estricto" del dinero público, según las fuentes, que recalcan que está siendo muy bien acogida por las comunidades autónomas.

Así, y además del apoyo que mostraron las comunidades gobernadas por el Partido Popular, el Ejecutivo ha reunido esta semana el grupo técnico de trabajo creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para avanzar en la aplicación del informe que elaboró la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Según las fuentes -que han hecho hincapié en que no existe ningún afán centralizador en la reforma-, en ese encuentro se evidenció que existe un "grado de aceptación altísimo" de las medidas propuestas por la CORA para evitar duplicidades, mejorar la gestión y facilitar la relación con los ciudadanos.