La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo admitió ayer que habrá que "pensar" en ampliar el número de prisiones para absorber el incremento de la población reclusa, que acumula un alza del 60% en los últimos ocho años, pasando de 39.013 presos a los 62.239 que hay en la actualidad.

Sólo en lo que va de año, la población reclusa creció un 7,82%, una subida superior a la que se registró en todo 2007, admitió Gallizo, quien en ningún momento trató de disimular los "numerosos e importantes problemas" de su Secretaría.

A día de hoy existen 46.040 celdas para estos 62.239 presos, lo que supone una media de 1,3 presos por habitáculo. Sin embargo, Gallizo, en su primera intervención ante la comisión de Interior del Congreso, negó que las prisio nes sufran una situación de "hacinamiento", como denunció el PP, y añadió que los reclusos viven en "condiciones dignísimas" ya que el tiempo que pasan en la celda es poco más que para dormir.

Gallizo atribuyó el aumento de la población reclusa a las reformas introducidas en el Código Penal respecto a los delitos por violencia de género o seguridad vial y no al repunte de la criminalidad -recordó que España se sitúa por "debajo de la media europea"-. "La implantación y desarrollo de este tipo de medidas en nuestro sistema legal está ampliando sustancialmente el tradicional ámbito de la Administración Penitenciaria", explicó Gallizo, al tiempo que señaló que en el 2000 fueron condenadas 812 personas, mientras en la actualidad se condena a 39.335.

En el turno de los grupos parlamentarios, la diputada Carmen Navarro (PP), cuyo partido solicitó la comparecencia de Gallizo, criticó que sólo se hayan inaugurado centros "que no están ocupados por presos" y destacó que pese a que hay 25.000 presos extranjeros no se contempla "ni una sola medida en materia de idiomas", por lo que se recurre a la traducción de otros presos de la misma nacionalidad que interpretan libremente el mensaje.

Emilio Olabarría (PNV) insistió en la transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco, tal y como ocurre en Cataluña, y se preguntó si el motivo de que el Gobierno no haya cedido es porque piensa que "vamos a soltarlos" o a "reagrupar a todos los de una determinada organización". Meré Pigmeo (CiU) sugirió que se impongan medidas alternativas para los acusados por delitos de tráfico.