El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), ha sido citado el día 12 de julio en calidad de imputado por presuntas modificaciones irregulares en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, supuestamente, pretendían beneficiar a varios constructores.

De la Riva aseguró ayer que preferiría declarar como testigo "a pecho descubierto". Durante la rueda de prensa posterior al Pleno municipal, el primer edil aseguró que no tenía constancia de la citación. "Preferiría ir a declarar como testigo, a pecho descubierto con la obligación de decir la verdad, y no como imputado, que puedes llevar abogado y contar lo que quieras", aseveró el regidor vallisoletano.

Además del alcalde, tendrán que prestar declaración también imputadas otras siete personas durante los próximos junio, julio y septiembre, entre ellos políticos y técnicos del Ayuntamiento, informaron a Efe fuentes próximas al caso.

Las diligencias se refieren a unos supuestos cambios efectuados en el PGOU desde que se aprobó en pleno municipal en marzo de 2003 hasta que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en febrero de 2004, al parecer con divergencias entre los dos textos, algunas supuestamente vinculadas con cambios de edificabilidad.

El denominado caso del PGOU de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos -el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos- y consideró como principal responsable al ex edil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta. "A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.