Magdalena M. Martín Martínez

Profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Universidad de Málaga

No hace falta ser un observador sagaz para advertir que los acontecimientos de política internacional que ocupan las portadas de la prensa o los cabeceros de los informativos tienen que ver mayoritariamente con catástrofes, guerras o violaciones graves de las obligaciones internacionales. Y ello pese a que, en contra de la creencia general, el Derecho Internacional registra tasas de cumplimiento mucho mayor que los derechos internos. Pero, al igual que no es noticia que un perro muerda a un niño y sí a la inversa, tampoco lo es que los tratados internacionales se cumplan o que los Estados mantengan relaciones pacíficas. 

De hecho, 2009 ha sido pródigo en sucesos negativos para el Gobierno español. Con todo, este dato desfavorable tiene una dimensión positiva: ha contribuido a democratizar el conocimiento de la Política Exterior Española, y a que las cuestiones relacionadas con la defensa de nuestros intereses en el mundo dejen de ser materia para iniciados o tertulianos sabelotodos y se convierta en objeto de debate popular. En este sentido, la valoración de los problemas internacionales a los que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se ha enfrentado debe realizarse en un doble plano. A nivel interno, los desencuentros constantes entre el Gobierno y la Oposición ratifican que desafortunadamente en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otras democracias occidentales, la Política Exterior sigue sin concebirse como una Política de Estado, que no puede ni debe estar al albur de los partidos políticos o de intereses electoralistas. Sólo con ocasión de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea parece haberse alcanzado un cierto consenso, quizás más por la falta de ideas en uno y otro lado que por convicción sobre la necesidad de una colaboración leal. A nivel externo, los episodios más relevantes en los que España se ha visto inmersa y que han suscitado  críticas acerbas contra el Gobierno no son privativos de nuestro país, sino que resultan fieles exponentes de las principales amenazas que padece la comunidad internacional. 

Así, en los casos del Playa de Bakio y el Alakrana se combina un clásico como la piratería con un desafío contemporáneo, el de los Estados y mares fallidos. Durante 2009 más de 100 buques de diferentes pabellones fueron atacados en el Índico, y 35 de ellos secuestrados y liberados, previo pago de un rescate medio cercano al millón de dólares. España es una potencia de las llamadas de “pesca a distancia”, que necesita faenar en caladeros internacionales ubicados en mares fallidos, en inmensos espacios marítimos sobre los que ningún país ejerce un control efectivo. Por tanto, el origen de la piratería está en tierra, allí donde los Estados no existen o son incapaces de garantizar el orden público. Estamos pues ante un reto a la seguridad internacional que exige respuestas globales. Así lo han entendido tanto el Consejo de Seguridad de la ONU como la UE, con la puesta en marcha de la Operación Atalanta, prorrogada recientemente hasta 2010. Otra cosa es que esta iniciativa adolezca de recursos humanos y financieros suficientes o que España sea incapaz de convencer a sus socios europeos que los mares fallidos son semillero de problemas que a todos afectan, incluido el narcotráfico y el terrorismo. 

Precisamente el terrorismo yihadista y la incapacidad de algunos Estados para controlar todo su territorio están en el origen del secuestro de los tres miembros de la ONG  Barcelona Acciò Solidària en la frontera mauritana del Sahel africano, una zona de nadie de unos 4 millones de km2 que, por su extrema pobreza, conforma el llamado “cinturón del hambre”. Allí, una franquicia de Al-Qaeda ha instalado campos de entrenamiento terrorista, secuestrando en menos de un año a 12 extranjeros, en un  alarde más de su capacidad para desafiar el orden internacional. La situación es tan preocupante que Estados Unidos ha activado un programa de seguridad, consciente de que la guerra antiterrorista tiene hoy su epicentro en Afganistán, pero mañana puede trasladarse a esta región. Poco puede hacer España a título individual. La solución pasa, una vez más, por la cooperación internacional, especialmente con aliados como Mauritania y Marruecos, que sin embargo están enfrentados históricamente, entre otras razones, por el conflicto del Sahara, también presente en el caso Haydar.

El caso Haydar y los incidentes relativos a la detención de guardias civiles por la policía del Peñón y los disparos sobre boyas pintadas con la bandera española son expresión del principio de autodeterminación de los pueblos. Ambos ponen de manifiesto los efectos perjudiciales del posibilismo oportunista practicado por nuestro país. En el Sahara, España viene permitiendo desde 1975 que la parte más fuerte imponga las reglas del juego y respecto a Gibraltar, desde la constitución en 2004 del Foro Tripartito se ha reconocido incomprensiblemente al gobierno gibraltareño la categoría de interlocutor válido en la negociación sobre la soberanía del Peñón. Los problemas internacionales sufridos durante 2009 son en gran medida consecuencias de la globalización, pero deberíamos revisar nuestra actual política exterior, más reactiva que proactiva, a fin de anticipar futuras crisis, mejorar la coordinación en la gestión, y, sobre todo, redefinir las prioridades, admitiendo que son varios los flancos abiertos que no deben quedar desguarecidos.