Pedro Sánchez, cuando pedía apoyos para prorrogar el estado de alarma -más que pedir exigía, al presidente le sobra soberbia-, declaraba que prórroga o caos. Ha habido extensión, pero no por temor al caos: está plenamente instalado en la vida política, que vive en una tormenta continua que no ha apaciguado la prórroga sino que, por el contrario, la ha incrementado.

Falta espacio si hay que recoger todos los problemas, tensiones, dificultades, rupturas y escisiones de estos días. Todos los partidos -salvo el PNV- sufren convulsiones de distinto nivel, pero convulsiones. Provocadas por la gestión del coronavirus, por la disconformidad de dirigentes con las decisiones de sus líderes o por la preocupación generalizada al escenario futuro, con una economía devastada, millones de nuevos desempleados y discrepancias respecto a las medidas que se deben tomar para paliar, o intentarlo, esa devastación.

En el Gobierno ha habido un respiro con la prórroga, que de impedirse, podría incluso haber supuesto el principio del fin de un Ejecutivo sin respaldo para que el Parlamento aprobara sus iniciativas. Además, la incorporación de Carmen Calvo llevará otra vez al primer plano sus discrepancias abiertas con Pablo Iglesias. Estas semanas, con la vicepresidenta de baja por coronavirus, el vicepresidente apareció como el promotor de las iniciativas sociales para las clases más desprotegidas, pero que según los expertos en economía son de imposible cumplimiento por falta de fondos.

Iglesias se presentaba así como el miembro de Gobierno más cercano a los españoles más débiles, lo que utilizará electoralmente. Con Calvo convertida de nuevo en la persona de máxima confianza del presidente, y con abiertas discrepancias con Iglesias, será interesante seguir cómo se gestiona desde el Gobierno la llamada desescalada.

El aznarismo hace mella

Sánchez, cuentan sus colaboradores, está muy satisfecho por el apoyo de Ciudadanos para la prórroga y cree que es posible que se repita también en los Presupuestos, aunque Arrimadas bien que insistió en el debate que no habrá continuidad en el socorro al presidente del Gobierno.

El apoyo a la prórroga ha sido un revulsivo en Cs, con la baja de Girauta y Mejías y un tuit de Rivera en el que se adivinaba su posición discrepante. También para Sánchez la postura de Arrimadas es un problema: el PNV advierte de que si continúa el acuerdo entre Ejecutivo y Cs, no cuente más con sus votos, y en el mismo sentido se expresa ERC. El partido independentista importa menos a Sánchez si la pérdida de sus votos los compensa con los de Cs. Pero los del PNV son indispensables.

En el independentismo catalán se agranda la brecha entre ERC y JxCat. Carles Puigdemont está perdido en combate, pero se agudizan las tensiones entre Quim Torra, de JxCat, y su vicepresidente en el Govern, Pere Aragonès, de ERC. Son difíciles de cerrar, entre otras razones, porque a Torra le incomoda profundamente ser puenteado por Moncloa, que mantiene diálogo habitual con Aragonès en lugar de hacerlo con el president. A Sánchez le interesa más ERC que JxCat, o la CUP, que hace tiempo que han marcado distancias con el Ejecutivo y no le prestan ayuda cuando la necesita en el Parlamento.

El PP es el que ha salido más tocado tras el debate. Pablo Casado hizo un buen discurso, pero ha sido casi unánime el comentario de que fue un error la abstención, y esas críticas hacen mella en afiliados y votantes. Empiezan a surgir leales a Casado que comentan que debería hacer un esfuerzo para alejarse de las tesis aznaristas. Aseguran que tiene voz e iniciativas propias, pero en política lo que parece es lo que se asume como cierto, y es opinión generalizada que se nutre del espíritu de FAES. Esa creencia se afianza cuando se analiza su equipo de colaboradores con importantes miembros del aznarismo.

Gobierno e instituciones

La crisis del coronavirus ha hecho un roto al centroderecha. Arrimadas, y afines, dicen que no se cuestionan la supervivencia de los acuerdos con el PP en gobiernos autonómicos y municipales, pero se observan rivalidades que van a más en los últimos días. Por ejemplo, en Madrid, donde Ignacio Aguado marca distancias con Isabel Ayuso, que el jueves decidió pedir al Gobierno el paso a la siguiente fase de la desescalada, en contra del criterio de Aguado y de la directora general de Salud Pública, que consideraban que no se daban las condiciones necesarias y se ponía en riesgo a la ciudadanía.

El empeño de Ayuso provocó la dimisión de la directora general, y el Ejecutivo puede agravar aún más la crisis entre la presidenta y el vicepresidente al sumarse a la posición de que Madrid no cumple los requisitos para pasar a la fase 1. En este panorama plagado de problemas políticos y personales que afectan a los partidos, se incrementan las diferencias entre PP y Moncloa, y también Cs se suma a gran parte de las críticas.

Las principales, el escaso respeto del Gobierno a las reglas de la democracia y al respeto a las instituciones, con las que no se cuenta, aunque sea obligado, para tomar determinadas decisiones. Se abusa de las normas ministeriales por temor a que el Congreso eche atrás decretos, y se incumplen leyes a cara descubierta. Por ejemplo, Salvador Illa se ha negado a dar los nombres de los expertos que asesoran para tomar decisiones respecto a cómo actuar contra el Covid-19 y José Luis Ábalos tampoco da los de las empresas a las que se ha comprado material sanitario, a lo que obliga la Ley de Transparencia.Es más grave todavía porque se han publicado toda clase de informaciones de los intermediarios de esas compras y de los empresarios, y en algunos casos se trataba de personas que con anterioridad habían incumplido las leyes e incluso habían sido condenados por los tribunales.

En esa sensación de que el Gobierno actúa al margen de leyes e instituciones, las declaraciones de Patxi López, elegido presidente de la comisión de reconstrucción, no ha ayudado a que se despejen las sospechas sobre la actitud poco democrática del Ejecutivo. López dijo que en ningún caso va a convertirse en una comisión de control al Gobierno. No tiene por qué serlo, pero es imposible trabajar sobre la reconstrucción sin corregir errores, y López puede verse tentado a cortar cualquier intervención en la que se pregunten los porqués de decisiones que se han demostrado equivocadas.