David Morales, ex militar y que fuera propietario de la empresa UC Global, investigado por espiar supuestamente a Julian Assange (fundador de WikiLeaks) y al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, destacó ayer a este medio a través de su abogado, Eduardo Bárcena, que las últimas acusaciones se basan en una querella “que nace a raíz de unos comentarios y hechos relatados por unos usados por la defensa del Sr. Assange, que tras un año de investigación sigue sin aportar nada, simplemente por estar basados en rumores y conjeturas propias de las teorías conspiranoicas”. Igualmente señaló que “en mi declaración ante la Audiencia Nacional se demostró que todo lo que decía el Sr. Correa en su denuncia era como mínimo inconexo, por no decir falso”.

Morales desea aclarar que “no soy el jefe de la empresa, fui el propietario de una empresa que empezó de la nada y, pese a que le moleste a muchos, desarrollé un sector que estaba a cero en este país sin ayuda de ninguna institución, apoyo económico y por supuesto sin que nadie creyera dando trabajo durante todo este periodo a unas 80 personas, con una enorme proyección internacional y la cual desgraciadamente he tenido que abandonar porque esta Administración ha interpuesto contra mí, basándose en unas acusaciones de lo más inverosímiles, medidas abusivas con el fin de que me sea imposible seguir con la viabilidad de mi negocio y condenándome a una “muerte civil” que sencillamente juristas destacados con los que he tratado consideran inverosímil”.

Sobre el presunto software de espionaje colocado en dispositivos de Correa y sus hijas el ex militar jerezano destaca que “tal y como consta en el contrato que se realizo con el Servicio de Protección Presidencial (SPP de Ecuador) y el cual se presentó en la Audiencia Nacional como prueba, una de las exigencias a cumplir solicitadas por el SPP, incluido en anexo aparte de ese contrato, era la instalación en dichos teléfonos de un sistema de control parental que facilitara la localización del teléfono, independientemente de los dispositivos de rastreo GPS que portaban los clientes, con el fin de actuar ante posibles actos de secuestro, localización en caso de accidente (una de las clientes realizaba actividades deportivas de riesgo), borrado del contenido telefónico a distancia ante una posible sustracción o pérdida del teléfono que pudiera atentar contra su intimidad. Ese contrato fue revisado por el propio Rafael Correa, ya que era un tema personal, y firmado por el general del SPP correspondiente. Por lo tanto miente categóricamente cuando dice que no sabía nada sobre ese dispositivo”.

“Los progenitores incluso nos llamaban cuando no sabían dónde estaban sus hijas”

“Es más -continúa Morales- durante el relevo de competencias, se mantuvo un encuentro personal con cada una de las VIPs, donde un oficial del ejercito ecuatoriano, experto en comunicaciones, explicó detalladamente el contenido del teléfono y de las medidas de seguridad que serían aplicadas. En dichos encuentros estaba yo presente, por lo que ambas VIPs fueron informadas tal y como se recogen en los informes aportados a la Audiencia”.

Morales destaca incluso que “cuando los propios progenitores en ocasiones no tenían contacto nos llamaban para que les indicáramos dónde estaban, hechos que demuestran que conocían de la existencia de dicha capacidad”. Según dice, un informático que trabajaba para su compañía, fue despedido meses antes por incumplir el contrato de confidencialidad precisamente por descubrir que intentaba vender información a medios de comunicación sobre Assange en Ecuador. Casualmente parece ser que es uno de los instigadores de esta serie de infamias contra mí, en colaboración de un ex socio de la compañía. Los considero responsables de todo este asunto, junto con el apoyo de la defensa legal de Assange y la denuncia falsa que han realizado”.

Asegura quien fuera dueño de UC Global que “el servicio con las hijas de Correa fue desarrollado bajo contrato del SPP, que era la entidad que abonaba dicho servicio, no él, y dicho servicio se mantuvo hasta que tras dejar la presidencia se traslado a Bélgica, donde reside, el Estado prescindió al considerar de no necesitarlo ese servicio con sus hijas (y no porque sospechara ser espiado), llegándose a firmar otro contrato más general, pero que se centraba solo en su figura y no en el resto de su familia, dicho contrato abonado por una entidad independiente afín a su idea política, hasta que finalmente dicha entidad no pudo asumir el coste”.

“Es curioso -señala- que la única forma de defensa que emplea la defensa legal de Assange, en este caso, es la misma que la de Rafael Correa, sea la de crear historias que jurídicamente escritas suenan a película de espías y de las malas, basadas en tergiversaciones, rumores y datos inconexos pero que divierten gratamente a su “público”, pero que hacen un daño irreparable a personas”.