La CNC 'sentencia' a ocho bodegas del Marco, Fedejerez y el Consejo Regulador

Las bodegas albergaban leves esperanzas de que a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se le pasara el plazo para la resolución del expediente sancionador incoado a nueve bodegas del Marco, su patronal Fedejerez y el Consejo Regulador por un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios del vino. Nada más lejos de la realidad.

Al límite de los 18 meses que establece la ley, el organismo estatal hizo temblar ayer los cimientos del sector bodeguero jerezano, y de todo el Marco por extensión, para caer con todo su peso sobre las empresas y entidades investigadas, a las que finalmente ha resuelto imponer una sanción por importe global de 6,7 millones de euros -ver relación en el cuadro anexo-, de la que únicamente ha logrado escapar el grupo Garvey (Complejo Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos) al que exime del pago de una multa de 670.000 euros al hilo de su solicitud de clemencia por su colaboración en el proceso. González Byass también trató de acogerse al programa de clemencia para que se redujera el importe de su sanción, solicitud que vio rechazada tras incumplir el deber de colaborar.

Aturdidos por la noticia, en el sector hacían ayer cábalas del alcance real de la condena, que muchos consideran un rejón de muerte para algunas de las bodegas implicadas en el "cártel", que según la resolución de Competencia, establecieron en el año 2001 varios de los principales operadores del sector -bodegas- para "controlar la producción y el precio de los vinos de Jerez destinados a la exportación bajo las marcas comerciales en destino, el denominado BOB (Buyer Owns Brand)".

El detonante del proceso, informa el organismo estatal en un comunicado, se remonta a mediados de julio de 2008, cuando en plena investigación del anterior expediente incoado por la CNC al Consejo Regulador por el establecimiento de los cupos de venta discriminados, que se resolvió con otra sanción de 400.000 euros a la institución jerezana del vino, se recibió la solicitud de clemencia por parte de Garvey -en página tres se recoge la reacción de este grupo bodeguero a la noticia-, que desencadenó el posterior registro realizado por Competencia en las sedes de algunas bodegas y de Fedejerez., en las que se incautaron de "importante material probatorio de las conductas anticompetitivas sancionadas".

El 17 de julio de 2008, el día después del desembarco de los inspectores en Jerez que provocó un gran revuelo en el sector, se procedió a incoar expediente sancionador a seis bodegas del Marco -Williams & Humbert, González Byass, Emilio Lustau, Complejo Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, José Estévez y Barbadillo-, así como a la patronal bodeguera Fedejerez, investigación que posteriormente se amplió a otras tres bodegas -Caydsa (vinculada por entonces a la cooperativa sanluqueña Virgen de la Caridad), José Ferris y Pedro Romero- y al Consejo Regulador.

En cuanto al modus operandi, la CNC considera probado que, en una situación de mercado de reducción de la demanda, tanto interna como externa, las bodegas reseñadas "acordaron reducir la oferta de vino comercializable para el mercado BOB con el fin de poder aumentar los precios", y prosigue la nota informativa, "durante los primeros años, el acuerdo funcionó según se esperaba, con la participación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, dando lugar a un incremento de esos precios".

La resolución del Consejo de la CNC señala que otros operadores del sector entraron en el mercado de las marcas blancas atraídos por los buenos resultados del acuerdo, y en consecuencia, el aumento de la oferta desembocó en un nuevo descenso de los precios. "Con el fin de volver a la situación inicial del cártel, nuevas medidas para restringir la oferta del producto fueron calculadas, diseñadas y puestas en práctica por los miembros del cártel, imponiéndolas con carácter obligatorio para todas las empresas del sector", estrategia en la que entran en juego Fedejerez y el Consejo Regulador, la primera como partícipe del diseño de las fórmulas para restringir la oferta que se castiga con 400.000 euros; el segundo, como órgano que emitió las normas que amparaban las restricciones, fijándose una multa de 200.000 euros. En el caso de la institución jerezana del vino, el organismo estatal puntualiza que dado que ya fue sancionada por los acuerdos sobre el cupo de ventas, que se entrelazan con el actual expediente, su imputación se limita a un periodo dos años inferior al del resto.

En la llamada segunda fase, otros operadores del Marco, en este caso bodegas con menor volumen de comercialización, se unieron al acuerdo empresarial y "junto a las restricciones de la producción fueron diseñadas otras medidas complementarias y habituales en este tipo de cárteles, como son incrementos pactados de precios, repartos de mercado y clientes, o los correspondientes controles de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos por todas las partes implicadas".

A modo de conclusión, Competencia explica en su comunicado que "el cártel estuvo activo siete años, desde 2001 hasta 2008, momento en el que la CNC incoó expediente sancionador y realizó las inspecciones". "Se trata pues -prosigue la nota- de un cártel de larga duración con efecto en el comercio entre los Estados Miembros de la Unión Europea, pues el BOB es un producto dedicado a la exportación, fundamentalmente a Alemania, Países Bajos y Reino Unido, aunque afectaba también a otros países de la UE y a toda la comercialización del vino de Jerez".

En definitiva, el Consejo de la CNC considera que las bodegas, Fedejerez y el Consejo incurrieron en "una conducta tipificada como muy grave, tanto en la normativa nacional como en la comunitaria" de la que deriva, además, "un perjuicio directo para los consumidores", ya que la reducción de la competencia se traduce en "mayores precios o menores ofertas".

La primera reacción de las distintas fuentes del sector consultadas ayer por este medio fue la de calificar de barbaridad y salvajada la sanción de la CNC.