Tras hacerse efectiva su abdicación, el nuevo estatus jurídico del rey Juan Carlos quedará fijado, como ya había dejado entrever el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por una ley orgánica. La norma regulará el aforamiento del Jefe del Estado una vez que deje de serlo en favor de su hijo, Felipe VI, al que también pasará la inviolabilidad que perderá el actual Monarca.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer, al término del Consejo de Ministros, este extremo. La número dos del Ejecutivo no fijó los plazos para dotar a don Juan Carlos de este estatus jurídico. Sáenz de Santamaría, que se limitó a decir que el Ejecutivo tiene "perfectamente elaborado lo importante" sobre este asunto, dejó para el futuro la información del contenido y la forma en que se desarrollará la regulación del régimen jurídico del Rey. La vicepresidenta únicamente confirmó que se acometerá mediante una ley orgánica, sin aclarar si será distinta del anteproyecto de la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno anunció el pasado mes de abril, y en el cual se abordaba el aforamiento de la Reina y de los Príncipes de Asturias.

La vicepresidenta sí subrayó que la futura aplicación del régimen de aforamiento a don Juan Carlos nada tiene que ver con la inviolabilidad del Monarca, recogida en la Constitución y que afecta a todos los actos en el ejercicio de su cargo. "Uno deja de ser inviolable a futuro, pero eso no implica recuperar la responsabilidad para las actuaciones anteriores", aclaró Sáenz de Santamaría, para reiterar que el Rey "tiene inviolabilidad, no responsabilidad por los hechos cometidos en el ejercicio de su cargo". La vicepresidenta también dijo que la "reflexión" sobre lo que ha considerado un "vacío legal" en la condición jurídica de algunos miembros de la Familia Real ya la hizo el Gobierno al proponer en abril la reforma legal del Poder Judicial, y consideró "llamativo" que nunca se hubiera aforado a ninguno de ellos, ni siquiera al Príncipe de Asturias.

Sáenz de Santamaría puso el acento en que es la primera vez que abdica un rey en democracia, y que la decisión que ha tomado don Juan Carlos ha estado muy pensada. "Ha sido muy meditado por quien tenía que tomar esa decisión", ha señalado. Entre tanto, el Gobierno ha apoyado el proceso, manteniendo "a partes iguales -enfatizó Sáenz de Santamaría- reflexión y discreción".

El Gobierno también tiene ya elaborado el real decreto que regulará el tratamiento y los títulos que tendrán don Juan Carlos y doña Sofía cuando se haga efectiva la abdicación.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, defendió ayer que alguien como el Rey, que ha representado la máxima instancia del Estado "debe tener una consideración especial" una vez que deje el cargo, aunque subrayó que es decisión del Gobierno y del Parlamento aforar o no a don Juan Carlos cuando se haga efectiva su abdicación.