"Esto era un engañabobos". De forma simple y contundente, Olga Cala (32 años) describe junto a sus compañeros los cursos de Formación Profesional Ocupacional que recibió de la empresa Gralett para hacerse cocinera. Al frente de Gralett estaba Abraham Granadino, hoy en día concejal socialista del Ayuntamiento de Jerez. Junto a ella, Tamara Cala, su hermana, Silvia Rodríguez e Ismael Castellano asienten. Lo que hizo esta empresa se erige, dicen, en un firme exponente de lo que ha sido la formación en Andalucía. "Al principio todo iba bien, todo era bonito", hasta el día en que el curso quedó inaugurado con la presencia de la ex alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez. Sospechan que tan magno acto se llevó todos los fondos. "Acabamos haciendo colectas entre nosotros para poder comprar alimentos", tal fue el grado de dejación, "y de esta forma poder practicar".

Lo que pasaron estos alumnos brota ahora como consecuencia de la tremenda escandalera que se ha desatado en Andalucía tras conocerse el fin que se ha dado a casi 100 millones de euros de fondos públicos, del dinero de todos.

"Las condiciones eran tales -apunta Ismael Castellano- que cuando íbamos a Doña Lola (allí tenía lugar el curso) debíamos encender las cocinas para no quedarnos helados". Corría el invierno de 2008. Algunos tuvieron la suerte de serles entregadas las ropas de trabajo, otros no tuvieron tanta y tuvieron que comprárselas ellos mismos.

Lo más grave del asunto es que según la normativa autonómica los cursos debían concluir con un contrato laboral de al menos seis meses de duración, según se señala en el articulado que regía estos cursos. Algunos de los afectados fueron contratados pero sólo por 24 horas. "Llegamos a firmar el contrato y a la vez el finiquito". Acto seguido las contrataciones eran enviadas a la Junta y la subvención cobrada. Sospechan que se convirtieron en mano de obra gratuita, en los alumnos que preparaban la antesala de los caterings que acto seguido servía una conocida empresa de este ramo de origen lebrijano. También creen que las horas que se tiraban cortando montaditos era para eventos de carácter personal de los docentes o de los propios empresarios que regían el curso.

Silvia Rodríguez apunta que "en un momento dado llegaron las bullas. Se comprende que Abraham debía presentar los contratos para cobrar el curso", que ciertas fuentes han cifrado en el entorno de los 72.000 euros. El hecho de que el 60% de los alumnos tuviera que ser contratado provocaba que "nadie quisiera abrir la boca para no quedarse sin trabajo. Tener un empleo era la esperanza. Es más, siempre nos decían que en los actos que celebrábamos nos iban a presentar a los empresarios del sector".

Los jóvenes no se quedaron de manos cruzadas. Acudieron a la Confederación General del Trabajo e incluso estuvieron frente a un inspector que les dijo, así lo aseguran: "No vais a poder con ellos porque están dentro del partido".