La Guardia Civil investiga desde hace varios meses el trasvase fraudulento de datos de accidentados de tráfico desde el hospital de Jerez, y más en concreto, el área de Urgencias, a determinados centros privados que se encargan de la gestión de accidentes de tráfico y tratamientos a los lesionados. Según ha podido saber este medio, la investigación partió de la denuncia ante los juzgados de un usuario que acudió a Urgencias tras sufrir un accidente de carretera y que a su salida recibió la llamada de un centro privado de Jerez que le ofrecía asistencia en el mismo. Esta persona, que vio vulnerado su derecho a la protección de datos, no se contentó con poner una reclamación en el centro sanitario sino que interpuso la denuncia en el juzgado, lo que obligó a su vez al hospital a abrir una investigación interna. Como resultado de la misma se abrió expedientes disciplinarios, con seis meses de suspensión de empleo y sueldo, a dos trabajadores del servicio de Urgencias, un administrativo y al entonces supervisor de este área. No obstante, transcurridos ya los seis meses y hasta que no se celebre el juicio y haya una sentencia, el Servicio Andaluz de Salud ha tenido que reincorporarlos a sus trabajos, en el caso del ex supervisor a su plaza en el Dispositivo de Urgencias y Cuidados Críticos (DCCU) de la Sierra. Fuentes bien informadas indicaron que esta persona se ponía directamente en contacto con los accidentados de tráfico desde el teléfono de su despacho en el hospital derivándoles a un centro privado de Jerez, del que precisamente era socio. Por su cargo tenía también acceso a los ordenadores para obtener los datos de los accidentados. Si el juicio, que puede tardar aún unos meses en celebrarse, acaba en una sentencia condenatoria podría perder su plaza en el SAS, según afirman dichas fuentes.

En la investigación abierta por el SAS, se indagó sobre la forma en que llegaban a los centros privados los lesionados por accidente de tráfico. Responsables de algunos de ellos indican que durante el pasado verano recibieron la visita de un inspector del SAS, que pedía no sólo una reunión con el responsable sino también con pacientes de accidentes de tráfico para conocer a través de qué cauce habían acabado recibiendo los servicios de dichas clínicas. Un responsable de uno de estos centros explica que "en nuestro caso funciona mucho el boca a boca y también pueden venir aconsejados por un abogado. El procedimiento habitual es que tras un accidente, la aseguradora ofrezca al paciente la lista de centros que existen y que sea el usuario el que elija, lo que no puede ser es que los pacientes se deriven directamente por parte de profesionales de la sanidad pública beneficiando a determinados centros".

Paralelamente la Guardia Civil abrió su investigación tanto en Urgencias del hospital como en algunos centros privados e incluso en despachos de abogados.

La práctica de facilitar datos de accidentados a clínicas privadas o a abogados que se ofrecen a tramitarles una indemnización o de derivar directamente a estas personas que han sufrido una lesión a determinados centros sanitarios no es nueva, era conocida por todos, según aseguran los propios profesionales del hospital, y tampoco es exclusiva del hospital de Jerez. Algunas fuentes afirman que por esta intermediación se han estado pagando entre 50 y 100 euros por paciente, un lucrativo negocio teniendo en cuenta que el número de accidentados de tráfico que pasa normalmente por las Urgencias es elevado. El responsable de un centro privado, dedicado también entre otros servicios a la gestión de accidentes, cuenta que en su día un trabajador del hospital se ofreció a derivarle a su clínica pacientes que habían sufrido un accidente y coincide en que el "precio" fijado era de 50 euros por usuario, claro está, bajo cuerda, oferta que no aceptó.

No era tampoco la primera vez que al hospital llegaba la reclamación de algún paciente sorprendido al ver que se vulneraba la protección de sus datos, pero normalmente las quejas no iban más allá de los despachos de la dirección del centro. La diferencia en este caso es que la denuncia se interpuso en el juzgado y obligó al hospital a poner en marcha una investigación interna para depurar responsabilidades. Incluso se llegó a plantear la movilidad de determinados puestos en Urgencias para que no estuviesen ocupados siempre por las mismas personas y evitar estas actuaciones. Desde la delegación provincial de Salud declinaron ayer hacer declaraciones, argumentando que el caso se encuentra en los juzgados, pero sí señalaron escuetamente que el hospital ha colaborado con la Guardia Civil en toda la investigación "y seguirá colaborando porque el primer interesado en aclarar lo que está sucediendo es el propio Servicio Andaluz de Salud".

Hace aproximadamente un año, este tipo de actuaciones salió también a la luz pública a través de un centro privado de Algeciras que denunció la captación o derivación de accidentados en carretera a centros médicos concretos por parte de facultativos de la sanidad pública, saltándose el procedimiento normal.

La proliferación en los últimos años de los centros de gestión y tratamiento de accidentes de tráfico, que han crecido muy por encima de otras provincias andaluzas, deja traslucir, según fuentes del sector con empresas de más antigüedad, la bonanza de este tipo de negocios.