La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que iba a cambiar parte de la normativa en suelo no urbanizable del campo jerezano no entrará en vigor al haber sido rechazada este jueves por el pleno municipal. Si ya la Junta de Andalucía había anulado semanas atrás la propuesta inicial de que se permitieran la implantación de canteras en suelos protegidos por su interés forestal y paisajístico, el gobierno municipal no logró recabar los apoyos suficientes para que saliera adelante el resto de la iniciativa, que planteaba cambios en los usos de implantación de bodegas en viñedos y adaptaba a la normativa autonómica la implantación de construcciones en zonas de policía. De este modo, la normativa en suelo no urbanizable se mantendrá tal y como se aprobó cuando entró en vigor ordenamiento municipal en 2009.

La propuesta contó con más síes que noes (13 frente a 11). Sin embargo, requería de la mayoría absoluta de la corporación (14) para que pudiera salir adelante. Votaron a favor los 10 ediles del PSOE y los dos del grupo de Adelante Jerez; mientras, votaron en contra PP (7), Ciudadanos (4) y el edil no adscrito Francisco Zuasti. El otro edil no adscrito, Ángel Cardiel, se abstuvo.

Este medio adelantó el pasado lunes que la Junta de Andalucía ha emitido una declaración ambiental estratégica que anula parte de la propuesta que tramitó el Ayuntamiento en 2019. Por este motivo, el ejecutivo llevó a la sesión plenaria un cambio urbanístico adaptado al informe de la administración autonómica dejando fuera la posibilidad de permitir canteras en suelo no urbanizable protegido, aunque manteniendo el resto de la iniciativa originaria.

El delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, volvió a cargar contra la Junta de Andalucía a la que insistió en acusar de cambio de criterio tras asegurar que ha elaborado “informes contradictorios” aludiendo a unos pronunciamientos de 2019 que daban el beneplácito ambiental a la propuesta. “¿Qué seguridad jurídica está dando la Junta a los empresarios y a los ayuntamientos cuando dos años después se contradice en sus informes?”, sentenció. Así, volvió a justificar la propuesta en que hay proyectos empresariales que requieren de esta modificación para poder desarrollarse.

En su intervención, el edil Ángel Cardiel fue especialmente crítico con la gestión municipal señalando que la propuesta que se llevaba a pleno es una “auténtica recogida de cables” que, a su juicio, “deja muy mal a la Delegación de Urbanismo”. De hecho, volvió a reprocharle al gobierno municipal de “haber intentado de meter de tapadillo” esta propuesta junto con otras modificaciones de la normativa. También cargó contra la propuesta el concejal de IU Raul Ruiz-Berdejo, quien recordó que su formación ya advirtió de que “no estaba justificada" la inclusión de la actividad extractiva en suelo protegido.

A respuesta del PP, que acusó al ejecutivo de “falta de transparencia” en la motivación de esta propuesta y que reclamó conocer qué proyectos están “paralizados” por no tramitarse este cambio normativo, y una vez ya conocido que la propuesta no iba a salir adelante, el edil de Urbanismo hizo mención de un proyecto de la empresa Hermanos Braza, que explota una cantera entre San Isidro y El Torno.

Instante de la votación de la propuesta.

De hecho, Díaz aprovechó el siguiente punto de la orden del día, donde se aprobó un proyecto en el Paraje Berlanguilla, para cargar contra la oposición a la que acusó de ser “irresponsable” y “partidista” en su posicionamiento. “Sois unos irresponsables y traidores a la ciudad de Jerez porque no habéis mirado más allá de vuestro ombligo”, le espetó. La oposición no pudo responder a estos ataques dado que estas afirmaciones se hicieron en el último turno de palabra que tenía el edil.

Tras verse obligado a retirar parte de la propuesta sobre las actividades extractivas en suelos protegidos, Urbanismo mantuvo lo concerniente a que en la zona de viñedos se diferencie la implantación de bodegas vinculadas a la finca de aquellas de mayor producción. Se trataba de modificar, además, la limitación de edificar en zonas de policía e inundables adaptando la normativa local a la autonómica (que es menos restrictiva) y se flexibilizaba la intervención y rehabilitación de inmuebles protegidos, así como de la implantación de equipamientos recreativos en suelo no urbanizable.

Finalmente, casi tres años después de empezar su tramitación (se llevó por primera vez a pleno en mayo de 2019), la propuesta no podrá entrar en vigor.