Una familia de un anciano que falleció en la residencia de mayores de La Granja en un incendio en 2005 ha reclamado 70.000 euros a la Junta, a la que considera responsable de la muerte al no haberse extremado las medidas de seguridad. La familia, que ha preferido mantenerse en el anonimato, entiende que si se hubieran activado los sistemas de seguridad contra incendios, el anciano, que contaba con 81 años, no hubiera perecido en el fuego.

Los hechos ocurrieron en la residencia de mayores de La Granja el 8 de mayo de hace tres años. La víctima, que se encontraba ingresada en el geriátrico desde hace algún tiempo, falleció calcinado en la habitación que ocupaba. El fuego se declaró en la estancia del finado. La familia considera que en la residencia se actuó "de manera negligente" ya que entiende que no controlaron el tabaco en las habitaciones de un modo eficaz. "La actuación del personal del centro en cuestión fue débil, dado que podrían haber tomado medidas severas y eficaces para evitar que se fume en las habitaciones o, en el peor de los casos, para detectar con urgencia cualquier conato de incendio", tal y como se asevera en la demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esa cantidad de 70.000 euros se ha reclamado por la vía contenciosa, como confirmó ayer Fernando Osuna, el abogado que representa a los familiares del fallecido (su viuda e hijos).

Los demandantes iniciaron un procedimiento administrativo en la delegación de Igualdad y Bienestar Social poco después de lo ocurrido y, tras recibir una respuesta negativa, han interpuesto esta demanda en el Alto Tribunal andaluz que tiene su sede en Sevilla. Exigen a la Junta el pago de 70.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.

La familia se sorprende, como se deja entrever en la demanda, que sólo se tardase un minuto en sofocar el incendio una vez detectado. En ese caso, el anciano no habría fallecido. Incluso en la demanda se llega a cuestionar la verosimilitud de los testimonios del personal y directivos del geriátrico. Los demandantes ponen el acento en la falta de control del tabaco en la residencia, de hecho, no entienden cómo no se adoptaron medidas contra el anciano fallecido si es verdad que era un fumador consolidado. "Nos parece una temeridad lo que hicieron en este caso, suponiendo que fuere verdad la adicción del fallecido al tabaco", se indica en esa demanda. Por lo visto, días antes hubo otro incendio en la habitación del fallecido, algo que conocía el personal de la residencia. La familia dice que el comportamiento que se adoptó fue "pasivo" y trajo como consecuencia la muerte del anciano.

Osuna determinó que existen "contradicciones" en la versión ofrecida por la Administración. Había brasas en el sillón y en el sofá de goma espuma junto al anciano. Su silla quedó prácticamente "inservible" debido al incendio, de esta manera "el material no era ignífugo", algo que sí sostiene la Junta de Andalucía. Además, cuestionó que si era tan "difícil" vigilar que el anciano no comprara tabaco, sobre todo porque estaba en silla de ruedas y "apenas podía circular".