Urbaser, la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, mantiene abierto un contencioso con el Ayuntamiento ya que exige el pago de 25 millones de euros, una deuda que se ha ido acumulando, a juicio de la compañía, desde 2004. En cambio, el Ayuntamiento solo reconoce unos seis millones de euros de débito. La sociedad ha intentado cobrarla a través de la primera convocatoria del plan de pago a proveedores (los llamados préstamos ICO) a la que se acogió el Consistorio pero los técnicos municipales, en primer lugar, y el Ministerio de Hacienda, posteriormente, señalaron que el débito, si es que lo hubiere, no puede liquidarse a través de esta iniciativa ya que no cumple con los requisitos del programa. Urbaser decidió, entonces, lleva la reclamación a la Audiencia Nacional que ha rechazado su petición. No obstante, también ha recurrido a la vía contenciosa por impago.

El adeudo corresponde a una ampliación del contrato que se hizo en 2002 con la empresa concesionaria, que alegaba que la aportación municipal no era suficiente para cubrir el servicio. Entonces, se acordó incluir un nuevo concepto, el de indemnización compensatoria, concretándose que se iba a comenzar a aplicar a partir de finales de 2004. Fuentes municipales señalaron que buena parte de este dinero iba destinado a cubrir gastos de personal. Sin embargo, la deuda por esta cuantía se fue acumulando hasta alcanzar los 25,7 millones de euros a día de hoy. De hecho, la empresa sigue exigiendo a final de año el cobro de esta cuantía; sin embargo, el Ayuntamiento no reconoce esta cantidad puesto que los informes preceptivos de los técnicos municipales advierten que su aceptación supone una "desnaturalización" del contrato .

Urbaser intentó cobrar este débito a través de la primera línea de crédito para pagar facturas a proveedores, donde el Consistorio le liquidó unos 88 millones. En un primer momento, Urbaser solicitó la inclusión pero recibió la negativa municipal, aunque previamente consultó al Ministerio de Hacienda si debía o no incorporarla al listado. El Gobierno central justificó el rechazo alegando que no era una factura por la prestación del servicio sino una "subvención", y, según la normativa que regula este línea de crédito, este tipo de ayudas no están incluidas.

Tras esto, la concesionaria presentó un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional contra la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda tras informar negativamente a que se liquidara la cantidad reclamada a través del plan de pago a proveedores; el pasado día 16, el Alto Tribunal desestimó la petición alegando un defecto de forma. Así, sostiene que la empresa pretendió recurrir una comunicación que le hizo el Ministerio que no tiene validez administrativa. En el fallo, apunta: "No estamos ante un acto administrativa [...]. Estamos ante meras informaciones al interesado por el deber de la administración de responder".

No obstante, fuentes municipales indicaron que la empresa ha presentado un contencioso exigiendo el pago. Mientras, el Ayuntamiento se mantiene en su postura de reconocer únicamente unos 6 millones.